El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña acusó directamente al coordinador de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, de frenar el avance del proceso de desafuero contra el dirigente nacional del PRI y también senador, Alejandro “Alito” Moreno. Según Noroña, el tema no está detenido por falta de elementos legales, sino por una decisión política que —afirma— Monreal se ha negado a tomar.
En una transmisión en vivo en redes sociales, Fernández Noroña sostuvo que las acusaciones contra Moreno no se limitan al enfrentamiento ocurrido en la Comisión Permanente del Congreso, sino que abarcan presuntos actos ilícitos cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche. En ese contexto, aseguró que las condiciones para que avance el juicio de procedencia ya existen y que el obstáculo está en la conducción política del caso. “Solo es cosa de que Ricardo Monreal se decida a que se lleve a cabo el proceso de desafuero”, afirmó.
El legislador morenista relató que, al menos tres semanas antes de sus declaraciones, Monreal le habría prometido impulsar el tema. “A mí me dijo Ricardo Monreal: ‘sí, vamos a proceder’. Me lo dijo en mi cara hace mínimo tres semanas y no mueve un dedo”, reprochó. Noroña también lamentó que, pese a los señalamientos y a las denuncias, Alejandro Moreno continúe en cargos internos y comisiones legislativas, e incluso acusó que la remoción del priista de una comisión quedó detenida a pesar de contar —según dijo— con el respaldo mayoritario del grupo parlamentario de Morena.
Las declaraciones se dan en un contexto de tensión acumulada entre ambos senadores. El 27 de agosto de 2025, durante una sesión de la Comisión Permanente, Fernández Noroña y Moreno protagonizaron un enfrentamiento físico y verbal en el que también participaron legisladores priistas y un colaborador cercano del morenista, quien resultó con heridas en cuello y brazo. Tras la gresca, Noroña y su asistente presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas agresiones y amenazas, lo que derivó en una reconstrucción de los hechos en el Senado el 5 de septiembre de 2025. Hasta ahora, la fiscalía no ha determinado si existen elementos para ejercer acción penal ni ha solicitado formalmente a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para retirar el fuero a “Alito” Moreno.
El proceso de desafuero mencionado por Noroña es independiente de otras solicitudes previas. Desde 2022, la Fiscalía de Campeche ha pedido retirar la inmunidad constitucional de Moreno por presunto enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones durante su administración estatal, lo que añade presión política y mediática sobre el priista y sobre las instancias encargadas de resolver.
Fernández Noroña también vinculó la discusión con un fenómeno más amplio: la normalización de la violencia en espacios legislativos. Al citar la pelea registrada en el Congreso de la Ciudad de México el 15 de diciembre, advirtió que permitir agresiones sin consecuencias abona a un ambiente de impunidad y deteriora la imagen de las instituciones ante la ciudadanía. Desde su perspectiva, la ausencia de definiciones en el caso de “Alito” Moreno envía la señal de que las conductas violentas y los señalamientos de corrupción pueden quedar sin castigo si no existe voluntad política para activar los mecanismos de responsabilidad.
Más allá del choque personal entre los protagonistas, el episodio exhibe las tensiones internas en el bloque oficialista sobre cómo gestionar los procesos de desafuero y las denuncias contra figuras de oposición. Lo que está en juego no solo es el futuro judicial de un dirigente partidista, sino la percepción pública sobre el uso del fuero legislativo, la capacidad de las instituciones para procesar conflictos políticos sin violencia y el compromiso real de los actores con el combate a la impunidad.
