El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que vetará el proyecto de ley aprobado por el Congreso que podría recortar de forma drástica la condena de 27 años de prisión impuesta al exmandatario Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El ex presidente fue arrestado en noviembre, tras ser hallado culpable de planear la ruptura del orden democrático luego de perder las elecciones de 2022.
Lula fue directo: quienes atentaron contra la democracia “tienen que pagar”. Bajo ese argumento adelantó que no firmará la iniciativa que flexibiliza las penas para Bolsonaro y otros condenados por los hechos vinculados al asalto a las instituciones brasileñas. Aunque el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, requiere la firma del presidente para entrar en vigor.
El mandatario recordó que tiene derecho constitucional a vetar la ley, pero también subrayó que el Congreso —de mayoría conservadora— puede posteriormente derribar ese veto. Se trata, por tanto, de una decisión con fuerte carga política: de un lado, el Ejecutivo que busca mandar una señal de firmeza frente a los ataques a la democracia; del otro, un Legislativo donde los aliados de Bolsonaro impulsan cambios legales que podrían acortar sustancialmente su estancia en prisión.
La norma aprobada por el Congreso reduce las penas definitivas de acusados condenados por múltiples cargos relacionados con el intento de golpe de Estado, incluyendo a Bolsonaro. También acelera la progresión de la pena, permitiendo pasar más rápido de regímenes carcelarios estrictos a otros más flexibles. Según las reglas actuales, el exmandatario podría acceder a un régimen menos restrictivo después de siete años de prisión, siempre que cumpla ciertos requisitos. Con la nueva ley, el periodo podría bajar a poco más de dos años, de acuerdo con estimaciones del relator del proyecto en la Cámara de Diputados, Paulinho da Força.
El alcance de la iniciativa va más allá del propio Bolsonaro. El texto permitiría reducciones de pena de hasta dos tercios para delitos cometidos “en multitud”, lo que beneficiaría a más de un centenar de personas condenadas por los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando fueron asaltados edificios públicos una semana después de la investidura de Lula. Para sus promotores, la ley abre la puerta a salidas anticipadas y libertad condicional para estos condenados.
El Supremo Tribunal Federal aparece como otro punto clave. Se prevé que la norma sea impugnada ante el máximo tribunal, que ya condenó a Bolsonaro y a otros implicados por delitos como abolición del Estado de derecho e intento de golpe de Estado. La defensa del exmandatario, por su parte, sostiene que la pena es excesiva y que esos delitos no deberían sumarse al tratarse de un solo episodio.
En el plano político, la disputa se proyecta hacia el futuro. Bolsonaro, considerado el principal líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas, sigue siendo una referencia para ese sector, mientras sus aliados en el Congreso insisten en impulsar incluso una amnistía total. Lula, que ha dicho que “la extrema derecha no volverá a gobernar Brasil”, admite que forma parte del “juego” democrático que el Legislativo pueda revertir su veto.
El episodio coloca a Brasil en una encrucijada: por un lado, el mensaje de que los ataques al orden democrático tendrán consecuencias; por otro, la capacidad de las fuerzas políticas para reescribir las reglas penales en favor de sus líderes. Lo que ocurra en las próximas semanas con el veto presidencial, el Congreso y los recursos ante el Supremo definirá no solo el futuro judicial de Bolsonaro, sino también la forma en que el país procesa institucionalmente el intento de golpe de 2022.
