En una conferencia reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el modelo económico de su gobierno, al que define como un esquema de “prosperidad compartida” que busca combinar crecimiento con reducción de la pobreza y mayor movilidad social. A diferencia de la visión que, según dijo, priorizaba primero el crecimiento para después repartir los beneficios, la mandataria sostuvo que su proyecto apuesta por distribuir antes y crecer al mismo tiempo.
Sheinbaum afirmó que, bajo este enfoque, la pobreza se redujo de 43.9% en 2020 a 36.3% en 2022, mientras que la pobreza extrema pasó de 8.5% a 7.1% en el mismo periodo. Añadió que estos cambios se reflejan también en la estructura social: datos del Banco Mundial mostrarían que la clase media en México aumentó de 27.2% de la población en 2018 a 39.6% en 2024, y que 13.5 millones de personas dejaron la pobreza en los últimos años.
Uno de los ejes que destacó fue el salario mínimo, que —según su exposición— pasó de 107 pesos diarios en 2010 a 315 pesos en 2026, lo que representa un incremento real superior al 110%. De acuerdo con las cifras que presentó, el ingreso laboral de los hogares más pobres creció 29.9% frente a un aumento de 9.4% entre los más ricos, lo que, en su lectura, indicaría una mejora relativa de los deciles de menores ingresos.
La presidenta subrayó también el peso de los programas sociales. Para 2025, dijo, se destinarán 845 mil millones de pesos a apoyos para el bienestar, con un alcance de 32 millones de familias, mediante transferencias dirigidas a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y otros grupos de la población. Estos apoyos, insistió, ya no se conciben como “favores”, sino como derechos sociales.
En materia de inversión, Sheinbaum sostuvo que el gobierno ha impulsado infraestructura pública como motor de desarrollo, al tiempo que se fomenta la inversión privada nacional y extranjera. Mencionó proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los polos de desarrollo de la región, así como el Plan Sonora de energías renovables y el Plan de Justicia para Cananea, que —afirmó— estarían abriendo nuevas oportunidades económicas en distintas zonas del país.
La mandataria aseguró que este desempeño se ha logrado con estabilidad financiera, sin aumentar impuestos ni endeudar al país, y señaló que el ingreso per cápita habría crecido 7.2% entre 2018 y 2023. Atribuyó estos resultados a la combinación de combate a la corrupción, política de austeridad y fortalecimiento de los ingresos públicos. También sostuvo que organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial han reconocido el modelo económico aplicado en México.
Más allá de los datos positivos, Sheinbaum reconoció que persisten retos estructurales. Entre ellos, la alta informalidad laboral, que todavía alcanza a más de la mitad de las personas ocupadas, y las brechas de género, que se traducen en menores ingresos, menor participación en el mercado de trabajo y una fuerte carga de trabajo no remunerado para las mujeres.
El debate en torno a este modelo es relevante porque conecta directamente con la vida cotidiana de las familias: salarios, apoyos sociales, acceso a derechos y oportunidades reales de movilidad social. En los próximos años, la discusión pública girará en torno a si los avances en ingresos y reducción de pobreza pueden sostenerse y ampliarse, al tiempo que se atienden los desafíos de informalidad, desigualdad y calidad del empleo que siguen marcando a la economía mexicana.
