Estados Unidos endureció su giro hacia una política exterior de “Estados Unidos primero” con una decisión de alto impacto institucional: el presidente Donald Trump firmó un memorándum que ordena la retirada de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales y el cese de participación y financiamiento a esas entidades. La Casa Blanca sostiene que se trata de organismos que “ya no sirven a los intereses estadounidenses” o que operan de forma contraria a su seguridad, prosperidad económica y soberanía. De ese total, 31 corresponden a entidades vinculadas a la ONU.
El documento se enmarca en una revisión ordenada previamente por el propio Trump mediante la Orden Ejecutiva 14199, emitida el 4 de febrero de 2025, que instruyó al Departamento de Estado a evaluar la pertenencia y apoyo financiero de Estados Unidos a organizaciones intergubernamentales, así como a convenciones y tratados.
Qué ordena el memorándum
- Retirarse de las organizaciones enlistadas (o, en el caso de entidades ONU, dejar de participar o financiar “en la medida permitida por la ley”).
- Instruir a todas las dependencias y agencias federales a tomar pasos inmediatos para implementar la salida “tan pronto como sea posible”.
- Mantener en curso la revisión de otras organizaciones, lo que abre la puerta a nuevas salidas.
Organizaciones mencionadas en el listado
El memorándum incluye, entre otras, organizaciones no ONU como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Freedom Online Coalition.
En el bloque de entidades vinculadas a la ONU aparecen instancias y programas como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat), entre otros.
La lectura política y geopolítica
La Casa Blanca describe a estos organismos como redundantes, mal administrados, innecesarios o capturados por agendas ajenas a los intereses de Washington, y sostiene que parte del entramado multilateral se ha convertido en una arquitectura de “gobernanza global” que busca limitar la soberanía estadounidense. En su argumentación, critica la expansión de iniciativas y mandatos asociados a enfoques ideológicos —incluyendo referencias a DEI, campañas de “equidad de género” y “ortodoxia climática”— y afirma que no seguirá destinando recursos de contribuyentes a instituciones con “poco o nada” a cambio.
En términos de consecuencias, el mensaje inmediato es que Estados Unidos pretende reorientar recursos hacia prioridades internas y reducir su “peso legitimador” en organismos donde considera que su participación no le conviene. Al mismo tiempo, la decisión anticipa un nuevo tramo de fricción con el multilateralismo: menos presencia y financiamiento estadounidenses pueden reconfigurar equilibrios, agendas y capacidades operativas en instancias internacionales que dependen de aportaciones y respaldo político para funcionar.
