La relación bilateral México–Estados Unidos volvió a tensarse en el terreno más sensible: seguridad. Tras declaraciones del presidente Donald Trump en las que advirtió que su gobierno “empezará a atacar por tierra” a los cárteles y aseguró que “controlan México”, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que su administración buscará estrechar la comunicación con Washington para reforzar la coordinación y, sobre todo, compartir información sobre las acciones que México realiza contra el crimen organizado.
Sheinbaum informó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a establecer contacto directo con el secretario de Estado, Marco Rubio, e incluso contemplar una llamada con el propio Trump si fuera necesario. El objetivo, explicó, es fortalecer la coordinación “en el marco” de los acuerdos ya existentes y evitar que el intercambio público de acusaciones escale hacia decisiones unilaterales.
El detonante fue una entrevista de Trump con Fox News, donde afirmó que los cárteles “gobiernan México” y sostuvo que el narcotráfico provoca “250, 300 mil” muertes al año en Estados Unidos por drogas. En días recientes, el mandatario también dijo que la presidenta mexicana “tiene miedo” de los cárteles. Frente a ese tono, Sheinbaum sugirió que se trata, al menos en parte, de la forma de comunicar de Trump, pero sostuvo que, aun así, el gobierno mexicano debe responder con una estrategia clara: más coordinación y más información compartida.
En ese punto, la presidenta destacó resultados operativos que busca poner sobre la mesa ante Estados Unidos, particularmente en el combate a drogas sintéticas. De acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad, en el actual gobierno se han:
- Desmantelado 1,887 laboratorios para la producción de metanfetaminas.
- Decomisado más de 318 toneladas de droga.
- Asegurado más de 4 millones de pastillas de fentanilo.
El contexto también importa. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha endurecido su política contra cárteles y drogas: designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas (seis mexicanos), impulsó acciones contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico por presunto tráfico, y firmó una orden ejecutiva para nombrar al fentanilo como “arma de destrucción masiva”. En este escenario, la respuesta mexicana apunta a blindar dos prioridades simultáneas: la soberanía y la cooperación operativa.
El episodio deja una implicación institucional inmediata: si el discurso de ataques terrestres se traduce en presión política o decisiones ejecutivas, México buscará encauzar el tema hacia mecanismos de coordinación formal. Y en la práctica, eso se juega en un terreno delicado: compartir resultados, definir límites y evitar que una narrativa de confrontación reemplace a la cooperación que ambos gobiernos dicen sostener.
