La discusión sobre la reforma electoral volvió a calentarse, esta vez por una palabra: autonomía. Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sostuvo que un órgano administrativo como el Instituto Nacional Electoral (INE) “no puede ser autónomo”, y dijo estar en contra de usar ese concepto para instituciones de esa naturaleza.
El planteamiento lo hizo durante una reunión con consejeros del INE, en la que se presentaron propuestas rumbo a la reforma. Gómez argumentó que la autonomía, como se entiende en otros ámbitos, no aplica igual para un órgano administrativo. Puso como contraste a las universidades autónomas, que pueden decidir su propio gobierno, condición que —afirmó— no es comparable con la del INE.
Sin embargo, su postura no fue una defensa de la subordinación. Gómez remarcó que, aunque sean órganos administrativos, deben contar con plena independencia en sus resoluciones, actuar con imparcialidad y apegarse a la legalidad y la certeza. En el mismo tono, reconoció que el aparato administrativo y judicial electoral es una de las instituciones más importantes para hacer valer la soberanía popular en los comicios.
En el terreno práctico, el intercambio dejó señales sobre lo que podría venir en la reforma. El INE entregó una propuesta que incluye 241 ideas para el rediseño electoral. Gómez señaló que el documento será analizado, pero fue claro al rechazar la petición del instituto para que su presupuesto esté sujeto a sus necesidades y tenga una referencia vinculada al Producto Interno Bruto.
También adelantó que habrá cambios en el sistema de fiscalización. En paralelo, abrió la puerta a una discusión que puede mover el calendario institucional: no descartó que se pueda aplazar la fecha de la elección judicial, aunque sostuvo que debe realizarse en el año previsto.
El mensaje central, en suma, apunta a un equilibrio difícil: Gómez cuestiona la “autonomía” como etiqueta, pero insiste en la independencia operativa y en la relevancia del sistema electoral. En un escenario donde el diseño de reglas suele definir el clima político, la discusión no se quedará en semántica: lo que se decida sobre fiscalización, presupuesto y tiempos de elección puede impactar la confianza pública y la forma en que se organiza la competencia democrática.
