Con el inicio del próximo periodo ordinario a la vuelta de la esquina, el oficialismo empezó a acomodar sus fichas. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en Palacio Nacional una reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto López —coordinadores de Morena en Diputados y Senado— para revisar la agenda que buscarán empujar a partir del 1 de febrero, cuando arranca formalmente la actividad legislativa.
A la salida, Monreal explicó que se revisó un paquete de siete u ocho iniciativas y que el objetivo fue coordinar tiempos entre ambas cámaras, especialmente porque varias propuestas requerirán acuerdos previos y, en algunos casos, cambios constitucionales. De ese intercambio salió una señal relevante: la reforma electoral no sería prioridad inmediata. El tema, dijeron, quedará sujeto a lo que presente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, y a una nueva reunión programada para el miércoles, a la que también fueron invitados coordinadores parlamentarios.
Entre los asuntos que sí aparecen como urgentes en la conversación legislativa destacan, de acuerdo con lo reportado, los siguientes:
- Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una propuesta que quedó pendiente y que volverá a la mesa.
- Cambios para crear la figura de “jueces sin rostro” en casos de alto impacto (con identidad reservada en ciertos delitos).
- Reformas vinculadas a códigos y procedimientos penales.
- Iniciativas sobre bienestar animal, además de otros temas sectoriales mencionados en el encuentro.
El trasfondo importa: cuando una mayoría define el orden del día, también define qué debates se aceleran y cuáles se enfrían. Que la reforma electoral quede “en espera” no significa que desaparezca; significa que el gobierno está administrando el calendario, esperando el documento técnico de su comisión antes de abrir una discusión que suele tensar al Congreso y al árbitro electoral.
En ese mismo hilo, ya se asoma el tipo de discusiones que podrían venir: se menciona que la eventual reforma podría incluir la desaparición de los OPLEs, cambios en la representación proporcional (“pluris”) y ajustes al presupuesto de partidos. En paralelo, el INE ha planteado ideas propias —como vincular su presupuesto al PIB— que, según lo reportado, han sido rechazadas por Pablo Gómez. Todo esto anticipa un arranque de periodo con prioridades claras y un tema electoral que, cuando se active, puede reordenar el resto del tablero legislativo.
