La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que confía en alcanzar un acuerdo con los partidos aliados —Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— para sacar adelante la reforma electoral que su gobierno enviará al Congreso. El mensaje llega en un momento clave: la iniciativa todavía no se presenta formalmente, pero ya abrió el debate político sobre costos, representación y reglas del juego rumbo a los próximos procesos electorales.
En conferencia, Sheinbaum insistió en que la reforma responde a demandas sociales que, según su planteamiento, se repiten con frecuencia: reducir el costo del sistema electoral y revisar el modelo de representación proporcional para que no dependa de “listas” decididas por dirigencias partidistas. En esa misma línea, sostuvo que busca ampliar la participación ciudadana y fortalecer mecanismos de democracia participativa, con el argumento de que “la gente debe opinar y participar”.
Entre los temas que adelantó, aparecen tres que suelen tener impacto directo en el diseño institucional del sistema electoral:
- Reducción de costos del aparato electoral y de la competencia política.
- Ajustes a la representación proporcional, con un esquema “distinto” al actual para evitar que, según su crítica, se repitan perfiles que han permanecido por años en cargos plurinominales.
- Refuerzo de la fiscalización, incluyendo mayores controles para detectar recursos de origen ilícito y reaccionar cuando se identifiquen irregularidades en campañas.
Otro punto que Sheinbaum puso sobre la mesa fue la representación de mexicanos en el exterior, planteando que existe interés en que puedan elegir de forma más directa a sus representantes, en lugar de que éstos sean definidos por decisiones internas de los partidos.
Del lado de los aliados, el panorama combina señales de respaldo y también advertencias sobre la negociación. El dirigente del PT, Alberto Anaya, sostuvo un encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y expresó disposición para “construir juntos” la propuesta. Pero, al mismo tiempo, dentro del PT y del PVEM han surgido voces que piden que cualquier acuerdo se procese en el Legislativo y no en mesas paralelas, sobre todo mientras no exista una iniciativa con texto definitivo.
El fondo del asunto es político e institucional: si la reforma busca “abaratar” y modificar reglas de representación, el costo real se medirá en consensos, incentivos para los aliados y en qué tan clara sea la propuesta final cuando llegue al Congreso.
