La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició un proceso de renovación de los vehículos asignados a ministras y ministros con la adquisición de nueve camionetas Jeep nuevas. La decisión se volvió tema público después de que circularon en redes sociales imágenes de la llegada de las unidades a instalaciones del máximo tribunal, lo que llevó a la Corte a emitir una postura oficial para explicar el movimiento.
De acuerdo con la información contenida en el documento base, la SCJN argumenta que la compra responde a motivos de seguridad institucional. Señala que antes de la adquisición se solicitaron opiniones técnicas a autoridades federales, y que la conclusión fue que las unidades que estaban en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad, por lo que mantenerlas “comprometía su operación”. En su versión, la renovación se hizo bajo criterios de prevención y seguridad, y “no a consideraciones discrecionales”.
El tema también se inserta en una discusión política más amplia: la Corte reconoce que las unidades están asignadas a los nuevos ministros que entraron en funciones en 2025, tras la primera elección judicial. En un contexto donde la legitimidad y la narrativa pública alrededor del Poder Judicial han estado bajo escrutinio, el gasto en bienes visibles —como vehículos— suele convertirse rápidamente en símbolo de debate, incluso antes de que se conozcan todos los detalles administrativos.
¿Qué compró la Corte y cuánto cuesta?
El documento refiere que se trata de camionetas Jeep Grand Cherokee. Sobre los costos, se señala que el precio en el mercado arranca en alrededor de un millón de pesos, y puede subir dependiendo de equipamiento, acabados y, en su caso, blindaje. En algunos reportes incluidos, se menciona que el costo podría acercarse a dos millones de pesos con adecuaciones. También se menciona un rango de precios en mercado para versiones Cherokee que va de 1.07 a 1.77 millones de pesos, sin considerar modificaciones.
La justificación normativa
La Corte sostiene que actuó con base en su normatividad interna: el Acuerdo General de Administración 2019, que permite reemplazar vehículos de apoyo a seguridad una vez cumplidos cuatro años de servicio, o antes si las condiciones del automotor ya no son seguras, siempre con dictamen del área correspondiente.
Además, la SCJN afirma que para no generar un gasto mayor, la compra se hizo de forma paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular “mayor al adquirido”, y que con ello busca mostrar una gestión responsable del gasto sin poner en riesgo la seguridad de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.
En términos institucionales, el episodio deja una consecuencia inmediata: el Poder Judicial vuelve a estar en el centro del debate público, no por una sentencia, sino por la forma en que administra recursos en un momento de alta sensibilidad política y social.
