El Gobierno de Estados Unidos deportó el 21 de enero a Zharik Daniela Buitrago Ortiz, una ciudadana colombiana de 21 años con ocho meses de embarazo, pese a que había solicitado asilo y a que su defensa alertó sobre riesgos médicos y de seguridad personal. El caso ha generado atención internacional por las implicaciones humanitarias y legales en la aplicación de la política migratoria estadounidense.
Buitrago Ortiz llegó a la frontera de Texas en noviembre de 2025 junto con su madre y sus hermanos, tras huir de Colombia luego del asesinato de su padre. Ese hecho fue el principal sustento de la solicitud de asilo presentada por la familia. En el proceso inicial, la madre de la joven obtuvo una evaluación favorable en su entrevista de “miedo creíble”, lo que le permitió continuar el trámite en libertad. En contraste, la solicitud de Zharik fue rechazada, lo que derivó en su detención por autoridades migratorias.
Durante su estancia bajo custodia, la joven presentó, a través de su abogado, un recurso de habeas corpus. En este documento se argumentó que se encontraba en una condición médica delicada debido al avanzado estado de su embarazo y que no estaba recibiendo atención adecuada. Además, se advirtió sobre el riesgo que implicaba un traslado aéreo en esas circunstancias, ya que la joven reportaba dolores intensos.
A pesar de este recurso legal, Buitrago Ortiz fue trasladada desde un centro de detención en Luisiana hacia Atlanta y posteriormente enviada en un vuelo comercial a Colombia. Horas después de que la deportación se concretara, una jueza federal en Georgia emitió una orden que suspendía cualquier expulsión hasta el 30 de enero, medida que no tuvo efecto debido a que la joven ya había salido del país.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la deportación al señalar que la joven sería presuntamente integrante del grupo criminal Tren de Aragua y que habría ingresado de forma irregular a Estados Unidos con anterioridad. La defensa negó estas acusaciones y sostuvo que no se presentaron pruebas que las respaldaran.
Este caso refleja las tensiones entre los procedimientos de control migratorio y la protección de personas solicitantes de asilo en situaciones de alta vulnerabilidad. También pone sobre la mesa el debate sobre los alcances del debido proceso, la coordinación entre instancias administrativas y judiciales, y el tratamiento de personas con condiciones médicas graves dentro del sistema migratorio estadounidense. En un contexto regional marcado por flujos migratorios constantes, la deportación de Buitrago Ortiz evidencia los dilemas humanitarios que acompañan la aplicación estricta de la política migratoria en Estados Unidos.
