El arranque de 2026 ha estado marcado por decisiones y anuncios vinculados a la seguridad pública e institucional en México, tanto en el ámbito interno como en la relación bilateral con Estados Unidos. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la renovación de su flotilla vehicular con unidades blindadas para ministras y ministros. Por otro, ambos países anunciaron una nueva fase de cooperación contra el crimen organizado, con un enfoque que combina acciones civiles, judiciales y militares.
En el plano interno, la SCJN informó que adquirió nueve camionetas blindadas tipo Jeep destinadas al uso de quienes integran el máximo tribunal del país. La institución explicó que la decisión respondió a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el desempeño de funciones de alta responsabilidad. De acuerdo con la Corte, las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares técnicos necesarios y su uso representaba un riesgo operativo. La renovación, señaló, se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece que estos vehículos deben sustituirse cada cuatro años o antes, cuando dejan de ser seguros. La SCJN sostuvo que la medida se tomó con base en criterios técnicos y de prevención, y no por decisiones discrecionales, aunque no detalló el costo total de la compra.
En paralelo, México y Estados Unidos anunciaron el fortalecimiento de su cooperación contra el crimen organizado, en lo que representa una etapa inédita del trabajo bilateral en esta materia. Tras una reunión del Grupo de Implementación de Seguridad en Washington, se informó que durante 2026 se ampliará el intercambio de inteligencia, el entrenamiento militar conjunto y la asistencia institucional en el ámbito judicial. Esta nueva fase cuenta con un mandato tanto del Ejecutivo estadounidense como del Congreso.
La directriz legislativa está contenida en el Acta de Autorización de la Defensa Nacional de 2026, una ley clave que regula las operaciones estratégicas y el gasto del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el año fiscal en curso. La norma, que administra un presupuesto superior a los 850 mil millones de dólares, fue aprobada por una amplia mayoría bipartidista en diciembre y promulgada el 18 de ese mes por el presidente Donald Trump.
Ambos procesos reflejan una prioridad compartida: reforzar las capacidades del Estado frente a riesgos de seguridad. En el caso mexicano, la protección de las instituciones judiciales se presenta como un elemento necesario para el ejercicio de sus funciones. En el ámbito bilateral, la cooperación con Estados Unidos apunta a elevar el nivel de coordinación frente a organizaciones criminales transnacionales. En conjunto, estas acciones delinean un escenario en el que la seguridad, tanto interna como regional, ocupa un lugar central en la agenda política al inicio de 2026.
