En enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que revisaría el uso de las camionetas oficiales asignadas a sus ministros. El anuncio llegó después de que se hiciera público que varios de estos vehículos blindados tenían un valor estimado de entre 3.5 y 6 millones de pesos por unidad, dependiendo del nivel de protección y equipamiento. La información no era nueva, pero el contexto sí.
Las camionetas habían sido adquiridas o contratadas en años recientes, algunas posteriores a 2019, cuando el discurso de austeridad ya era un eje central de la conversación pública. No se trataba de vehículos funcionales mínimos, sino de unidades de alta gama, blindadas y con prestaciones propias del segmento de lujo. Su sola existencia colocó a la Corte en el centro de una discusión que va más allá del transporte oficial.
El 15 de enero de 2026, tras varios días de presión mediática, se informó que algunos de estos vehículos serían devueltos o vendidos. El gesto fue presentado como una medida responsable, pero su lectura pública estuvo marcada por el momento en que ocurrió. Las fechas importan. No es lo mismo anticiparse que reaccionar cuando el tema ya se volvió insostenible.
En términos estrictamente económicos, el monto destinado a estas camionetas puede parecer marginal dentro del presupuesto total del Poder Judicial. Sin embargo, en política institucional, el impacto no se mide solo en pesos, sino en símbolos. Un vehículo de más de cinco millones de pesos financiado con recursos públicos transmite un mensaje claro, incluso sin necesidad de explicaciones.
La Corte ha defendido históricamente su autonomía y su papel como contrapeso. Pero la autonomía no se construye solo con sentencias ni con comunicados, sino también con decisiones cotidianas que reflejan sensibilidad institucional. Cuando el contraste entre el país real y los privilegios visibles se vuelve demasiado grande, la legitimidad comienza a erosionarse.
La discusión sobre las camionetas no resolverá los problemas estructurales de la justicia en México. Pero deja un precedente: en un contexto de desigualdad y escrutinio permanente, los detalles materiales del poder ya no pasan desapercibidos. Los precios y las fechas quedan ahí, como recordatorio de que incluso los gestos más pequeños pueden cargar un costo político considerable.
