El Gobierno de México desplegó 1.600 elementos del Ejército en Sinaloa como parte de un refuerzo de seguridad enfocado en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, dos puntos estratégicos para la operación de grupos criminales. La movilización, realizada en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, incluye también a 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales y se enmarca en una estrategia de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.
De acuerdo con la información oficial, el objetivo del operativo es realizar labores de disuasión, prevención y patrullaje, con la intención de reducir el impacto de la violencia en zonas urbanas que han registrado hechos de alto impacto en los últimos meses. El despliegue ocurre tras una jornada marcada por ataques armados y secuestros que evidenciaron el nivel de riesgo en la entidad.
Entre los hechos recientes destaca el ataque a balazos en el centro de Culiacán que dejó heridos a dos dirigentes de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, así como el secuestro de 10 trabajadores de una empresa minera en el municipio de Concordia. Ambos eventos reavivaron la preocupación pública por la capacidad de respuesta de las autoridades ante la escalada de violencia.
El contexto de inseguridad en Sinaloa se ha intensificado desde mediados de 2024, tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses por parte de Joaquín Guzmán López. Este hecho detonó un conflicto interno dentro del Cartel de Sinaloa, particularmente entre las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos, lo que ha derivado en disputas territoriales y un aumento de hechos violentos en la capital del estado.
El envío de tropas también se produce en un momento de interlocución directa entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Horas antes del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación con el presidente Donald Trump, en la que ambos abordaron temas de seguridad y comercio, destacando avances en la cooperación bilateral.
Desde una perspectiva institucional, la decisión representa un ajuste en la estrategia de seguridad federal, que en meses recientes había concentrado esfuerzos en Michoacán. En esa entidad, tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, el Gobierno reportó detenciones masivas y decomisos de armas y precursores químicos como resultado de una táctica reforzada.
El caso de Sinaloa plantea retos similares: la presencia militar busca contener la violencia inmediata, pero también pone sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad de los despliegues armados y su impacto en la vida cotidiana de la población. Mientras tanto, el Gobierno apuesta por recuperar condiciones de estabilidad en una región clave para la seguridad nacional.
