Una nueva fase de tensión geopolítica se abre en el Caribe tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o suministren petróleo a Cuba. La medida, adoptada por el presidente Donald Trump mediante una orden ejecutiva, marca un punto de inflexión en la política estadounidense hacia la isla y coincide con cambios dramáticos en el entorno energético regional.
La Casa Blanca declaró una “emergencia nacional” en relación con lo que describe como una amenaza excepcional para su seguridad y política exterior, habilitando la aplicación de gravámenes a bienes de países que provean crudo a Cuba. Esto se produce en medio de una crisis energética en La Habana, intensificada por el cese de envíos de petróleo desde Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.
Pese al histórico embargo impuesto por Washington, México había emergido en 2025 como uno de los principales proveedores de petróleo a Cuba, tras el declive de las exportaciones venezolanas. Datos oficiales señalan que, antes de la interrupción de los envíos a comienzos de enero, México exportaba alrededor de 17 200 barriles diarios de crudo a la isla, lo que representaba una fracción significativa del suministro cubano.
El gobierno cubano rechazó la orden estadunidense y la calificó como un acto de agresión destinado a profundizar el sufrimiento del pueblo cubano, acusando a Washington de recurrir al chantaje y la coerción. Las autoridades de La Habana denunciaron el intento de extender el largo bloqueo económico que pesa sobre la isla.
En contraste, México adoptó una postura pragmática. La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado los envíos petroleros como una decisión soberana y reiteró el carácter humanitario de esa ayuda, aunque evitó confirmar si las exportaciones continuarán bajo la nueva presión estadounidense. Paralelamente, el gobierno mexicano busca alternativas diplomáticas para sostener algún nivel de solidaridad sin poner en riesgo sus relaciones comerciales ni su posición interna.
El impacto inmediato de los aranceles amenaza con agravar la ya delicada situación energética de Cuba, que, según estimaciones independientes, contaría con reservas apenas suficientes para unas dos o tres semanas si no se restablecen los suministros. La discontinuidad de los envíos venezolanos y la revisión de los flujos mexicanos podrían desencadenar problemas en la producción de electricidad, transporte y sectores esenciales, afectando tanto la vida cotidiana como la estabilidad social en la isla.
Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la política de aranceles refuerza la postura de Estados Unidos de aislar al gobierno cubano tras su intervención en Venezuela, lo que podría reconfigurar alianzas tradicionales en América Latina. Los gobiernos regionales se enfrentan al reto de equilibrar presiones de Washington con sus compromisos históricos y las necesidades humanitarias en la región.
En suma, el anuncio de los aranceles no solo añade una capa de complejidad a la crisis cubana, sino que obliga a replantear el papel que actores como México y otros socios energéticos pueden desempeñar en un entorno de mayor confrontación internacional y fragilidad económica.
