El Congreso de la Unión inició el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero con una agenda cargada de reformas consideradas prioritarias para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre los distintos temas que se discutirán en el Senado y la Cámara de Diputados, la reforma electoral concentra la mayor expectativa por los cambios estructurales que podría introducir de cara al proceso electoral de 2027, que comenzará en septiembre.
Aunque todavía no existe una iniciativa formal presentada ante el Congreso, la presidenta ya adelantó los principales ejes que buscaría incorporar en la reforma. Entre ellos se encuentran la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), la reducción o eliminación de legisladores de representación proporcional —conocidos como “plurinominales”— y la disminución del presupuesto destinado a los partidos políticos. Estos planteamientos han generado debate tanto al interior del bloque oficialista como entre las fuerzas de oposición.
El retraso en la presentación de la iniciativa responde, en parte, a las diferencias entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ambos han manifestado desacuerdos con algunos puntos, lo que obliga a construir consensos para alcanzar la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional. En ambas cámaras, Morena requiere el respaldo de estos partidos o de la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— para reunir los votos suficientes.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza los esfuerzos de diálogo entre Morena, PT y PVEM para acercar posiciones. Aunque no hay una fecha definida para la entrega del proyecto, analistas consideran probable que se logre un acuerdo, aun cuando el contenido final no sea idéntico a la propuesta inicial del Ejecutivo.
Además de la reforma electoral, otras iniciativas relevantes se discutirán en este periodo. Destaca la propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para adelantar la consulta de revocación de mandato y eliminar el fuero constitucional a legisladores y gobernadores. En el primer caso, el argumento central es la reducción de costos, al plantear que la consulta se realice en 2027 junto con las elecciones intermedias, en las que se renovarán gubernaturas, diputaciones federales y cargos judiciales. La oposición, sin embargo, sostiene que el cambio podría beneficiar políticamente a Morena.
Respecto al fuero, la propuesta busca eliminar una figura que, según el legislador, representa un privilegio excesivo. De aprobarse, los funcionarios podrían ser procesados sin necesidad de una declaración previa de procedencia por parte de la Cámara de Diputados.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha señalado que estos temas podrían integrarse en la reforma electoral que impulse el Ejecutivo. En conjunto, el arranque del periodo legislativo abre una etapa de negociaciones intensas, con posibles implicaciones profundas para el sistema político, la representación legislativa y la relación entre ciudadanía e instituciones rumbo a 2027.
