El Internet en la década de los 90’s revolucionó la forma de comunicación, creación, difusión y consulta de información, con el cambio de milenio la euforia del Internet alcanzo nuevas dimensiones, la accesibilidad de múltiples fuentes de información en tiempo real dejó de ser una ficción. En nuestro país reducir la brecha digital no solo constituyó una cuestión de acceso físico, sino también de habilidades y uso efectivo de las Tecnologías de la Información (TI), con ello se justificaron distintos cambios a los planes y programas de estudio de la educación básica y media superior, bajo la premisa de la democratización del conocimiento y mayor participación en el acceso a la información y desarrollo económico.
En la segunda década del presente siglo las TI de última generación, como lo son los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) plantean nuevos retos; principalmente el uso responsable y ético en el campo académico y profesional. En el ámbito jurídico el uso de sistemas de IA producen las denominadas “alucinaciones jurídicas”, éstas son textos generados por la IA en respuesta a consultas realizadas por usuarios sobre hechos que tienen implicaciones jurídicas, y que se caracterizan por las incoherencias inexistencias o inexactas referencias a leyes, reglamentos, normas, jurisprudencia y doctrina jurídica. En Estados Unidos de América del Norte donde se aplica un sistema jurídico fundamentalmente conformado por precedentes obtenidos de resoluciones judiciales, el uso de la IA en la educación, investigación y práctica legal en más del 58% de las veces refiere casos inexistentes, lo que produce interpretaciones equivocadas e imprecisas, e invariablemente asesoramientos o decisiones jurídicas sin sentido o perjudiciales debido a su inexactitud como lo refiere Mattehew Dahl en el artículo “Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models”, publicado en el Journal of Legal Analysis de la Universidad de Oxford.
En nuestro país existen más de 100 millones de usuarios de Internet, en donde 6 de cada 10 personas consideran determinante para su futuro profesional el uso de la IA. En las funciones del Estado mexicano a finales del año 2024 las cámaras legislativas de nuestro país operan la IA en un modo híbrido en sus tareas parlamentarias, el cual opera en el 57% de los casos sin reglas o políticas éticas como lo refiere Sergio A. Barcena y Javier A. Carrillo en el artículo “Inteligencia artificial en los discursos de diputados y senadores en México”, publicado en Nexos en enero de 2026.
Por otra parte, en la función de impartición de justicia el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrero García después de ser objeto de críticas por el uso de definiciones y conceptos obtenidos de Google y otras herramientas de IA en las sesiones del Pleno, compartió un video en sus redes sociales en el que justificó el uso de esta herramienta declarando que no sustituye su pensamiento y su argumentación en una sentencia, por lo que seguiría utilizándola, pues ayuda en la búsqueda de definiciones de precedentes, reconociendo que se debe tener un “uso responsable” y hacer una verificación de fuentes de información. En ese mismo contexto, el 22 de agosto de 2025 un Tribunal Colegiado de Circuito resolvió una queja, utilizando modelos como ChatGPT, Grok y Gemini para fiar el monto de una garantía procesal, sin que mediara petición de parte para ello, esto debido a la inexistencia de un marco legal previo que regule la interacción de la judicatura mexicana con sistemas de IA, con estándares técnicos claros, definidos, y evaluables metodológicamente.
En cuanto a la función ejecutiva del poder público del Estado representada por la Administración Pública, desde el año 2013 el Gobierno de México desarrolló una Estrategia Nacional Digital orientada al aprovechamiento del potencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluidos servicios de banda ancha e Internet, en la vida cotidiana de la población y la Administración Pública Federal, sin que hasta ese momento se hiciera un señalamiento especificó a la implementación y uso de sistemas de IA. Con la administración del expresidente López Obrador la estrategia y política nacional también se focalizó al acceso de Internet y en acrecentar la infraestructura de TIC, mientras que en la actual administración en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el Eje Transversal 2: Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, se enfoca a la transformación digital y el uso de plataformas digitales intuitivas y seguras, desarrolladas desde la Administración Pública Federal para fortalecer la denominada “soberanía digital del país”, lo que permitirá al gobierno reducir costos, tiempos y combatir prácticas corruptas y opacas.
Como podemos advertir, el uso de los sistemas de IA en nuestro país se encuentra bajo una dinámica de ensayo y error, propio de los métodos heurístico y empírico, es decir, ante la ausencia de regulaciones, infraestructura segura y postulados éticos. Los servidores públicos prueban diversas alternativas, hasta encontrar una solución funcional y obtener conocimiento, esto si descartan las ineficiencias. En ese trayecto el riesgo de vulnerar los derechos fundamentales de las personas es mayor con resoluciones administrativas y jurisdiccionales de autoridades del Estado, que fundan y motivan sus determinaciones con las alucinaciones, sesgos y opacidad algorítmica de los sistemas de IA.
Mientras en las aulas universitarias el plagio automatizado producto del uso de sistemas de IA como ChatGPT, DeepSeek, Jasper y Writesonic, entre otros, trastocan los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y gestión, debido a que los estudiantes no desarrollan ni fortalecen habilidades de análisis, síntesis y pensamiento crítico. Cada vez son más los estudiantes que utilizan conforme a su criterio cognitivo y ética los sistemas de IA, en más de las ocasiones alentados por obtener una calificación alta con el menor de los esfuerzos, esto porque obtienen textos estructurados y coherentes en cuestión de segundos, por lo que la integridad académica en las evaluaciones estudiantiles queda entre dicho.
Es impostergable abrir el dialogo sobre las implicaciones del uso de sistemas de IA en el ejercicio del poder público, la práctica profesional y académico en México, en donde los distintos actores del Estado, la sociedad civil y academia reconozcamos la necesidad de formular políticas públicas que promuevan un enfoque ético y responsable en el desarrollo y uso de la IA, así como el establecimiento de regulaciones que garanticen que su desarrollo y uso respeten la dignidad humana.
