En Irapuato, Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que José Ángel Gurría percibe una pensión mensual de 120 mil pesos derivada de su cargo como ex director de Nacional Financiera. La declaración se dio durante una conferencia realizada en esa entidad, donde también se refirió a una iniciativa de reforma constitucional para reducir pensiones consideradas elevadas en el sector público.
La titular del Ejecutivo federal señaló que el pago se mantiene pese a que Gurría se desempeñó como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de haber ocupado los cargos de canciller y director de Nacional Financiera. Indicó que el monto mensual asciende a 120 mil pesos.
Durante su intervención, planteó que resultaba improcedente recibir una pensión mientras se encontraba al frente de la OCDE, y cuestionó el nivel de ingresos que habría percibido en esa posición internacional.
Alcance institucional
La presidenta precisó que la iniciativa de reforma constitucional para reducir pensiones no contempla al personal de las Fuerzas Armadas. El ajuste se enfocará exclusivamente en funcionarios públicos de confianza que trabajaron periodos breves y que cuentan con pensiones que no se justifican bajo los nuevos criterios que se buscan establecer.
Los elementos centrales expuestos sobre la propuesta incluyen:
- Reforma constitucional orientada a reducir pensiones en el sector público.
- Aplicación a funcionarios de confianza con periodos cortos de servicio.
- Exclusión expresa del personal de las Fuerzas Armadas.
- Establecimiento de un tope máximo de pensión.
En el caso de María Amparo Casar, se indicó que su pensión también deberá ajustarse al tope máximo que se apruebe. Asimismo, se mencionó que la denuncia en su contra corresponde a la Fiscalía General de la República determinar el procedimiento correspondiente.
Implicaciones y proceso
La iniciativa anunciada implica una modificación constitucional, lo que supone la intervención del Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación. De concretarse, el nuevo marco establecería límites máximos a las pensiones de determinados funcionarios públicos de confianza.
El planteamiento delimita claramente los grupos alcanzados por la reforma y aquellos que quedarían excluidos, como el personal de las Fuerzas Armadas. La medida busca redefinir los criterios bajo los cuales se asignan y mantienen las pensiones en el sector público federal.
La referencia a la Fiscalía General de la República en el caso de María Amparo Casar ubica el tema también en el ámbito del Ministerio Público, en lo relativo a la denuncia presentada y al procedimiento que pudiera derivarse.
Ruta y próximos pasos
El proceso continuará con la presentación formal de la iniciativa ante el Congreso para su análisis y votación. En paralelo, la eventual fijación de un tope máximo de pensión definirá el impacto específico sobre los casos mencionados.
Mientras se desarrolla el trámite legislativo, la discusión pública se centra en los montos actualmente vigentes y en la delimitación de los servidores públicos que quedarían sujetos a los nuevos límites.
