Un gobierno puede hacer, esencialmente, tres cosas: garantizar los derechos de los ciudadanos, satisfacer necesidades de los ciudadanos y defender intereses de los ciudadanos.
La tarea esencial del gobierno —aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno— es la primera.
Garantizar los derechos de los ciudadanos consiste en prohibir que esos derechos se violen: prohibir que se asesine, prohibir que se secuestre, prohibir que se robe; y, si la prohibición falla, castigar y obligar a resarcir —porque de eso se trata— al delincuente.
Esa es la tarea esencial del gobierno y la única que justifica, siempre y cuando se realice con honestidad y eficacia, el cobro de impuestos.
Ahora bien, ¿qué supone que el gobierno pretenda también satisfacer necesidades de alguien? Supone que debe proveer a ese alguien de los satisfactores correspondientes y, para ello, recurrir a la redistribución del ingreso.
Es decir, quitarle a Juan parte del producto de su trabajo para dárselo a Pedro. Redistribución gubernamental del ingreso que, al final de cuentas —digan lo que digan quienes la defienden— no es más que una violación del derecho de propiedad privada.
Lo mismo sucede cuando el gobierno pretende defender intereses de alguien.
Por ejemplo, los intereses que puede tener cierto grupo de empresarios para que el gobierno los subsidie, para que les eche la mano con un apoyo económico. Ese dinero sale, nuevamente, de la redistribución del ingreso: el gobierno tiene que quitarle a Juan para darle a Pedro.
Y esto viene a colación porque hace algunos días se anunció el programa de apoyo del gobierno mexicano a la industria cinematográfica, que consiste, fundamentalmente, en otorgar un crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta de hasta el 30% a quienes participan en dicha industria.
¿En qué consiste ese crédito fiscal? En un subsidio.
Si, para ponerlo en términos sencillos, alguien tenía que pagar 100 pesos de impuesto sobre la renta, ahora pagará solo 70. Se le está otorgando un “crédito” que, estrictamente hablando, no es un crédito, porque no es un dinero que deba devolver con intereses. Es, simple y sencillamente, dinero que se le está regalando. Es, por tanto, un subsidio.
La primera pregunta que debemos hacernos es si se vale que el gobierno trate de manera desigual a quienes tendría que tratar de manera igual. Ese crédito fiscal del 30% se otorgará a quienes forman parte de la industria cinematográfica, pero no a los demás.
¿Dónde queda la legitimidad de un gobierno que trata de manera desigual a quienes debería tratar de manera igual, sobre todo en un asunto tan delicado como es meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes? Porque, si el gobierno va a otorgar este subsidio, va a recaudar menos; y si el gasto no se recorta en esa misma proporción, entonces a quienes sí pagan impuestos —directa o indirectamente— se les estará cobrando, en los hechos, un impuesto mayor.
Es verdaderamente increíble cómo hay grupos de interés que pretenden vivir, si no totalmente, sí en parte, del subsidio gubernamental.
Yo podría estar de acuerdo, bajo ciertas condiciones, en que el gobierno redistribuyera el ingreso para satisfacer necesidades básicas de alimentación, educación, atención médica y medicinas. Bajo ciertas circunstancias.
Pero de ninguna manera estoy de acuerdo en que el gobierno me cobre impuestos para subsidiar la producción de películas en México.
Soy cinéfilo de hueso colorado y, como tal, estoy dispuesto a financiar la producción de películas mexicanas y extranjeras pagando mi boleto en taquilla. Pero me rehúso —aunque de nada me haya servido hasta ahora— a que el gobierno me obligue a entregar parte del producto de mi trabajo para subsidiar esa producción, que nada tiene que ver con satisfacer necesidades básicas y sí con defender el interés de quienes integran la industria del cine en México de extender la mano para recibir dinero público.
Para decirlo con claridad: se trata de parásitos que, por medio del gobierno, acaban viviendo en parte del trabajo de los demás, del trabajo de los contribuyentes, de cuyos recursos sale el dinero para otorgar subsidios.
Lo que estamos viendo es una clara muestra de lo que decía, a mediados del siglo XIX, Federico Bastiat: el gobierno es esa gran ficción por medio de la cual todo mundo pretende vivir a costa de todo mundo.
Si el consumidor no está dispuesto a financiar mi película pagando el boleto en taquilla, entonces recurro al gobierno para que me otorgue un subsidio que sale del bolsillo de los contribuyentes. Eso es una verdadera aberración.
Lo que estamos presenciando son grupos de vividores, grupos de parásitos que extienden la mano para que el gobierno les dé, no para satisfacer necesidades básicas, sino para defender el interés que tienen de recibir un subsidio gubernamental.
Es una enorme arbitrariedad que debería estar constitucionalmente prohibida.
