La Asamblea Nacional de Venezuela aceptó este miércoles las renuncias del fiscal general Tarek William Saab y del defensor del Pueblo Alfredo José Ruiz Angulo, y activó un proceso para nombrar a sus reemplazos en un plazo de 30 días.
Saab dejó la Fiscalía General, cargo que ocupaba desde 2017. En su carta expresó que consideraba haber cumplido su función en un contexto de desafíos para el país y sostuvo que la institución preservó la paz y protegió los derechos humanos durante un período de agresiones contra la nación. Durante su gestión encabezó investigaciones que incluyeron la detención de opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Frente a cuestionamientos por esos casos, afirmó que la Fiscalía actuó contra quienes violaban la ley y afectaban al país.
Ruiz Angulo presentó su renuncia como defensor del Pueblo por razones personales, familiares y de salud.
Ambas dimisiones fueron aceptadas en la misma sesión legislativa. En ese acto, el Parlamento adoptó las siguientes decisiones:
- Creó una comisión integrada por 13 diputados.
- Encargó a esa comisión evaluar postulaciones.
- Estableció un plazo de 30 días para designar a los nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría.
Mientras se desarrolla ese proceso, se nombraron autoridades encargadas:
- Tarek William Saab fue designado defensor del Pueblo encargado.
- Larry Daniel Devoe Márquez fue nombrado fiscal general encargado.
- Devoe Márquez se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Tras la designación de Saab como defensor encargado, la organización Human Rights Watch cuestionó la medida y planteó la necesidad de nombrar a un fiscal independiente y garantizar la liberación y amnistía de presos políticos.
Los relevos se producen en un contexto de cambios en altos cargos del gobierno venezolano desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada tras un operativo militar de Estados Unidos en el que fue capturado y derrocado Nicolás Maduro. Desde entonces se han realizado movimientos en los ministerios de Defensa, Comunicación e Información, e Industrias y Comercio. En esta última cartera fue desplazado el empresario Alex Saab, cercano colaborador de Maduro.
Estados Unidos acusa a Maduro de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que él rechaza. Washington sostiene que mantiene una relación de cooperación con la presidenta encargada.
El proceso legislativo abierto fija un plazo concreto de 30 días para definir la conducción definitiva de dos instituciones clave del sistema de justicia y derechos humanos en Venezuela.
