La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir la figura de la prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento de dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenan modificar el esquema vigente en México por considerar que vulnera la presunción de inocencia.
El debate se centra en si una persona debe ser enviada a prisión de manera automática antes de ser declarada culpable cuando es acusada de determinados delitos. Actualmente, el artículo 19 constitucional contempla un catálogo de conductas por las cuales el juez está obligado a dictar prisión preventiva oficiosa sin analizar las circunstancias particulares del caso.
Entre los delitos incluidos en ese catálogo se encuentran:
- Robo a casa habitación.
- Feminicidio.
- Huachicol.
Bajo este esquema, la medida cautelar se impone sin que el juzgador evalúe si existe riesgo de fuga, peligro para las víctimas o posibilidad de obstaculización del proceso.
Casos que detonaron la revisión
La discusión en el máximo tribunal ocurre tras dos resoluciones internacionales que cuestionan el modelo de “cárcel automática” y ordenan su eliminación.
Caso Tzompaxtle Tecpile
En 2006, los hermanos Tzompaxtle y Gustavo Robles fueron detenidos en Veracruz luego de que su vehículo se descompusiera en la carretera y fueran considerados sospechosos. Permanecieron:
- Tres meses bajo arraigo, en una casa y sin cargos claros.
- Dos años y medio en prisión preventiva.
- Finalmente fueron declarados inocentes.
La sentencia internacional estableció que no es admisible detener a personas para investigar posibles delitos y ordenó la eliminación del arraigo en esos términos.
Caso García Rodríguez
Daniel García y Reyes Alpízar fueron acusados de homicidio en el Estado de México y permanecieron 17 años en prisión preventiva sin sentencia definitiva. Durante ese periodo denunciaron actos de tortura. El tiempo que estuvieron privados de la libertad constituye el más prolongado registrado en la región bajo esta medida cautelar sin fallo condenatorio.
La resolución correspondiente señaló que la prisión automática es contraria a la libertad personal y a la presunción de inocencia, y ordenó modificar la Constitución para evitar que situaciones similares se repitan.
Alcance institucional
La SCJN debe analizar la coexistencia de dos mandatos normativos:
- La Constitución mexicana, que establece la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19.
- Los tratados internacionales en materia de derechos humanos que prohíben la imposición automática de la prisión antes del juicio.
El punto central consiste en determinar cómo armonizar ambos marcos jurídicos. La discusión implica revisar si los jueces deben dejar de aplicar el catálogo de delitos que obliga a imponer la medida de manera automática y, en su lugar, valorar cada caso de forma individual.
De modificarse el criterio actual, el Ministerio Público tendría que justificar ante el juez la necesidad de la prisión preventiva, acreditando riesgos concretos procesales en lugar de apoyarse exclusivamente en la tipificación del delito.
Implicaciones
El debate impacta directamente en el funcionamiento del sistema de justicia penal. La decisión que adopte la SCJN definirá si la prisión preventiva seguirá operando como regla automática para determinados delitos o si se convertirá en una medida excepcional sujeta a análisis caso por caso.
La discusión también incide en la presunción de inocencia, al tratarse de personas que aún no han sido declaradas culpables. La armonización entre la Constitución y las obligaciones internacionales determinará el alcance de las reformas necesarias y el papel que deberán asumir jueces y fiscales en la imposición de medidas cautelares.
La resolución que emita el máximo tribunal marcará la ruta del cumplimiento de las sentencias internacionales y establecerá los criterios bajo los cuales se aplicará la prisión preventiva en el país.
