El Senado de Estados Unidos confirmó a Markwayne Mullin como nuevo titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en una decisión que coloca a un aliado cercano de Donald Trump al frente de una de las agencias más sensibles del gobierno federal en medio de un cierre parcial, tensiones por la política migratoria y presión legislativa para modificar los operativos del ICE.
La confirmación se resolvió con 54 votos a favor y 45 en contra. Todos los republicanos respaldaron la nominación, con la excepción de Rand Paul, mientras los demócratas John Fetterman y Martin Heinrich votaron a favor. Con ello, Mullin deja atrás una trayectoria de 13 años en el Congreso y asume una cartera estratégica en un momento de crisis operativa y política para el aparato de seguridad interna estadounidense.
El relevo ocurre tras la salida de Kristi Noem, destituida a inicios de mes después de crecientes tensiones con legisladores republicanos por su manejo de las repercusiones derivadas de operativos migratorios en Minnesota, donde murieron dos ciudadanos estadounidenses. El cambio de mando no es menor: implica un intento de recomponer la conducción del DHS justo cuando el debate sobre inmigración, uso de la fuerza y controles legales se ha vuelto más áspero en Washington.
Los elementos centrales del relevo son estos:
- confirmación en el Senado por 54 votos contra 45;
- reemplazo de Kristi Noem al frente del DHS;
- cierre parcial del departamento vigente desde el 14 de febrero;
- exigencia demócrata de reformas en operativos del ICE;
- respaldo expreso de John Fetterman y Martin Heinrich;
- oposición republicana de Rand Paul.
El nuevo secretario llega con una combinación poco habitual de perfiles: exsenador por Oklahoma, empresario, exluchador y figura con fuerte presencia en medios conservadores. También ha sido una pieza de enlace entre republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que le dio peso en negociaciones internas del partido, incluida la aprobación del plan fiscal de Trump en 2025. Esa experiencia política interna puede resultar relevante en un departamento cuyo problema inmediato no es solo administrativo, sino también legislativo.
El punto más delicado es el cierre parcial del DHS. La financiación está suspendida desde el 14 de febrero, mientras continúan las negociaciones entre republicanos y demócratas. El desacuerdo central gira en torno a la forma en que se aplican las leyes migratorias. Los demócratas buscan cambios de fondo: restringir patrullas, prohibir el uso de máscaras faciales por parte de agentes y exigir órdenes judiciales antes de ingresar a propiedades privadas. La Casa Blanca dejó claro que esperaba la confirmación de Mullin para incorporarlo de lleno a esas conversaciones.
La crisis ya tiene efectos operativos visibles. La falta de acuerdo presupuestal provocó ausencia de personal de transporte en aeropuertos principales, filas extensas en puestos de control y retrasos de hasta dos horas en cientos de vuelos. Esto amplía el problema más allá del debate migratorio: el conflicto presupuestal ya afecta movilidad, logística y funcionamiento cotidiano de infraestructura crítica.
Mullin intentó marcar distancia respecto de la etapa anterior. Durante su audiencia de confirmación sostuvo que quiere darle una nueva dirección al DHS, “proteger al país”, “traer tranquilidad mental” y devolver confianza en la agencia. También afirmó que uno de sus objetivos en seis meses es que el departamento deje de ser noticia principal todos los días. Esa definición sugiere que buscará una conducción menos expuesta públicamente que la de su antecesora.
Al mismo tiempo, mantuvo su alineación con la ofensiva migratoria de Trump, aunque con algunos matices operativos. Expresó su disposición a exigir órdenes judiciales para operativos migratorios antes de entrar a propiedad privada, con excepciones limitadas, y señaló que le gustaría ver a ICE más como un servicio de transporte que como primera línea. Ese punto es importante porque coincide parcialmente con una de las demandas demócratas en la negociación por el financiamiento, aunque todavía no existe acuerdo sobre cómo traducirlo en reglas vinculantes.
El nuevo secretario también llega con costos políticos propios. Durante su audiencia enfrentó cuestionamientos sobre su temperamento, declaraciones pasadas contra colegas del Senado y acusaciones relacionadas con comentarios sobre experiencia militar. Rand Paul, presidente de la comisión correspondiente, lo criticó por problemas de ira y por antecedentes de confrontación verbal. Mullin, por su parte, reconoció errores, incluido haber descrito de forma precipitada a uno de los involucrados en los hechos de Minnesota antes de que concluyera la investigación.
Lo que sigue depende de dos frentes simultáneos. Primero, si su llegada ayuda a destrabar la negociación presupuestal y poner fin al cierre parcial del DHS. Segundo, si logra modificar el tono político del departamento sin romper con la estrategia migratoria de la Casa Blanca. Por ahora, el dato central es que Estados Unidos colocó al frente de Seguridad Nacional a un operador político cercano a Trump justo cuando la agencia enfrenta crisis financiera, desgaste institucional y una disputa abierta sobre los límites legales de la política migratoria.
