El Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum quedó frenado en el Senado de la República por falta de acuerdos dentro de la propia coalición oficialista. El desacuerdo principal se concentra en la fecha de la revocación de mandato, un punto que abrió diferencias con el Partido del Trabajo (PT) y obligó a posponer, sin nueva fecha definida, la dictaminación que originalmente estaba prevista para avanzar esta semana.
El hecho central no está en la oposición parlamentaria, sino en la dificultad del bloque gobernante para mantener alineados a sus aliados en una reforma constitucional que requiere mayoría calificada. El PT advirtió que, si la consulta de revocación se realiza de manera concurrente con las elecciones intermedias de 2027, se generaría una condición de inequidad en la contienda. Ese argumento alteró la ruta legislativa que Morena daba por encaminada.
La dimensión del proceso electoral previsto para 2027 ayuda a explicar la resistencia petista. Ese año estarán en juego:
- 17 gubernaturas
- 500 diputaciones federales
- 31 congresos locales
- más de 1,000 ayuntamientos
Para el PT, empatar la revocación de mandato con esa jornada modificaría el equilibrio de la competencia al colocar a la presidenta en el centro de un proceso electoral ya de por sí cargado. La propuesta petista es mover la consulta a 2028 o, en su caso, a agosto de 2027, para evitar que coincida con la elección federal.
El dirigente del PT, Alberto Anaya, confirmó que la fecha de la revocación es el tema de fondo en discusión. Desde el Senado, Enrique Inzunza Cázarez y Óscar Cantón Zetina admitieron que no existe aún fecha para que el proyecto sea discutido en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. La expectativa expresada por Cantón es que la aprobación pueda alcanzarse durante abril, con la intención de que el Congreso de la Unión y los congresos locales terminen el proceso a más tardar en mayo.
Ese calendario no es menor. La Constitución fija como límite para aplicar reformas en el siguiente año electoral el que estas queden aprobadas al menos tres meses antes del arranque formal del proceso, previsto para septiembre. Esto significa que el retraso no cancela aún la viabilidad del paquete, pero sí reduce el margen de maniobra política y legislativa.
El freno también dejó ver otra tensión interna sobre el contenido del dictamen. Mientras el PT insiste en la fecha de la revocación, Ignacio Mier Velazco sostuvo que la pausa obedece a ajustes de técnica legislativa vinculados al número de regidurías en los ayuntamientos. El punto no es menor: la propuesta presidencial establece un rango obligatorio de siete a 15 regidurías por municipio, pero en varios estados existen ayuntamientos con números menores. Si se aplicara la nueva regla sin ajustes, algunos municipios tendrían que ampliar su integración, lo que chocaría con el argumento de austeridad que el oficialismo ha usado para defender la reforma.
Mier puso como ejemplo los casos de Veracruz y Tabasco, donde hay ayuntamientos con umbrales de tres a cinco regidores y síndicos. Bajo esa lógica, el equipo jurídico y los presidentes de las comisiones trabajan en una redacción transitoria que evite aumentos automáticos en municipios con menos integrantes, sin romper el diseño federal del artículo 115 constitucional ni elevar el número máximo de 15 regidurías.
La estructura institucional del proceso muestra que el dictamen ya no depende solo del acuerdo entre Morena y la Presidencia. También están interviniendo gobernadores, el equipo jurídico encabezado por Esthela Damián, las comisiones del Senado y, de manera indirecta, el INE, que remitió observaciones por escrito. Aunque consejeros electorales no acudieron a una reunión prevista con senadores, sus inquietudes quedaron incorporadas al clima de revisión del proyecto.
El caso también exhibe un cambio en la relación de fuerza dentro de la coalición oficialista. PT y PVEM ya no operan como acompañantes automáticos de Morena, sino como fuerzas con capacidad de presión y de bloqueo. En la Comisión de Puntos Constitucionales, Morena tiene 9 integrantes de un total de 19. Para aprobar el dictamen se requieren al menos 10 votos, por lo que necesita el respaldo de sus aliados. Si PT y PVEM retiran apoyo, la reforma no avanza ni siquiera al Pleno.
Esa aritmética vuelve decisivo cada desacuerdo. El bloque oficialista suma potencialmente 13 votos en esa comisión, pero Morena por sí solo no alcanza la mayoría absoluta. De ahí que las reservas del PT no sean un gesto simbólico, sino una amenaza real de parálisis legislativa.
Las implicaciones políticas son claras. Primero, la reforma dejó de ser un trámite seguro para convertirse en una negociación delicada entre aliados. Segundo, el desacuerdo sobre la revocación de mandato revela que los beneficios políticos del diseño actual no se distribuyen de manera uniforme dentro de la coalición. Tercero, el ajuste sobre regidurías muestra que el principio de austeridad choca con la complejidad del federalismo municipal.
Lo que sigue dependerá de si Morena logra cerrar un acuerdo con el PT sin desfondar el diseño original del proyecto. Por ahora, el dato central es que el Plan B electoral no se frenó por falta de votos de la oposición, sino por las diferencias internas de la mayoría que pretendía aprobarlo.
