La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional para eliminar las llamadas pensiones doradas en el sector público, en una votación unánime que reunió 458 votos a favor. El proyecto modifica el artículo 127 de la Constitución y fija un nuevo tope para las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado y banca de desarrollo. El límite quedará en la mitad de la remuneración de la titular del Ejecutivo, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales, con una referencia puntual de 67 mil 145 pesos netos mensuales en 2026.
El hecho político más relevante no fue la aprobación en sí, sino la combinación de respaldo generalizado y desacuerdo sobre sus efectos concretos. Morena y sus aliados tenían por sí solos la mayoría calificada necesaria, pero la oposición también votó a favor en lo general. Al mismo tiempo, legisladores de distintos partidos anunciaron reservas para evitar que la reforma se aplique de manera retroactiva en perjuicio de jubilados que accedieron legalmente a sus pensiones.
La reforma fue presentada como una medida contra privilegios excesivos en el retiro de altos funcionarios. En la discusión parlamentaria se mencionaron cifras que dieron sustento al argumento oficial:
- 3 personas reciben jubilaciones superiores a un millón de pesos mensuales
- 67 personas perciben entre 500 mil y un millón de pesos mensuales
- más de 18 mil cobran entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales
- el ahorro estimado por el gobierno asciende a 5 mil millones de pesos
- en Luz y Fuerza del Centro hay 14 mil 73 ex trabajadores jubilados
- en Pemex hay 22 mil 316 personas jubiladas del régimen de confianza
La mayoría defendió la reforma como un reordenamiento del gasto público y una corrección de desigualdades acumuladas. El argumento central fue que no se trata de afectar al conjunto de pensionados, sino de limitar beneficios desproporcionados concentrados en una minoría de ex servidores públicos de alto nivel. También se sostuvo que esos esquemas erosionan la confianza pública y contradicen la política de austeridad.
Sin embargo, la discusión también mostró un problema jurídico y político de fondo. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, e incluso voces dentro del bloque mayoritario, advirtieron que la redacción abre la puerta a una aplicación retroactiva que podría vulnerar derechos adquiridos. La objeción no se centró en defender pensiones exorbitantes, sino en evitar que la nueva regla alcance a trabajadores jubilados que consolidaron su retiro bajo disposiciones previas y en montos que no necesariamente son extraordinarios.
Ese punto puede convertirse en el eje de la disputa posterior. Si la reforma termina interpretándose como aplicable a jubilaciones ya otorgadas, el Estado enfrentaría una oleada de litigios, además de una discusión de mayor alcance sobre certidumbre jurídica en materia laboral y pensionaria. La oposición subrayó además que el proyecto deja fuera a sectores como las fuerzas armadas y, en algunas intervenciones, se cuestionó que tampoco alcance ciertos beneficios ligados a ex ministros de la Suprema Corte.
La protesta en las afueras de San Lázaro mostró que el conflicto no se limita al plano parlamentario. Un grupo de jubilados de CFE, Pemex y Luz y Fuerza intentó ingresar por la fuerza al recinto, retiró vallas metálicas y llegó a quemar mobiliario en una zona de acceso. El episodio reveló que la reforma ya genera resistencia concreta entre sectores que temen ver reducidas sus pensiones, aun cuando el discurso oficial insiste en que el objetivo son solo los montos más altos.
Lo que sigue es la discusión en lo particular, donde se presentarán reservas para modular el alcance de la reforma, y después el tránsito del proyecto a los congresos locales, ya que requiere el aval de al menos 17 legislaturas estatales antes de su publicación oficial. La votación general resolvió el primer tramo del proceso; el conflicto verdadero estará en la letra fina sobre retroactividad, excepciones y derechos adquiridos.
