México llegó a 76 Centros de Justicia para las Mujeres en operación al 30 de junio de 2025, con presencia en las 32 entidades federativas, y cerró 2024 con un aumento en la atención brindada a mujeres víctimas de violencias. El dato refleja una expansión sostenida de esta red institucional, pero también confirma la presión creciente sobre su capacidad operativa y la centralidad que han adquirido dentro de la respuesta pública frente a la violencia contra las mujeres.
La evolución del modelo ha sido constante desde 2011, año en que comenzaron a operar los primeros centros en Campeche, Chiapas y Chihuahua. El más reciente abrió en 2025 en Mexicali, Baja California. Esa trayectoria muestra que los CJM dejaron de ser una política focalizada para convertirse en una infraestructura nacional de atención especializada, aunque con diferencias importantes en tamaño, adscripción y disponibilidad de servicios.
Al cierre de 2024, la mayoría de los centros seguía vinculada al aparato de procuración de justicia. 48 CJM, equivalentes a 64.0 %, estaban adscritos a las fiscalías o procuradurías estatales; 16 a secretarías o institutos de las mujeres; 10 a secretarías de gobierno y uno a una secretaría de seguridad ciudadana. Esa distribución institucional permite entender su lógica de operación: los CJM no funcionan solo como espacios de acompañamiento social, sino como nodos donde confluyen atención psicológica, orientación jurídica, trabajo social y mecanismos de denuncia o canalización.
La carga de atención creció entre 2023 y 2024. En 2023 se atendió a 598 mil 437 mujeres y en 2024 a 638 mil 720, lo que implica un aumento de más de 40 mil casos en un año. La estructura de esa atención prácticamente no cambió: en 2024, 34.2 % correspondió a mujeres atendidas por primera vez y 65.6 % a seguimientos. Esto implica que los centros no solo reciben nuevos casos, sino que sostienen una carga acumulada de acompañamiento y continuidad institucional que absorbe buena parte de sus capacidades.
La operación de los CJM también creció en personal. En 2023 contaban con 3 mil 887 personas trabajadoras y en 2024 con 4 mil 621. De este total, 2 mil 679 estaban adscritas directamente a los centros, 1 mil 451 fueron designadas por otras instituciones y 491 correspondieron a otras modalidades, como servicio social o prácticas profesionales. Ese dato muestra una expansión de recursos humanos, pero también una dependencia importante de personal no plenamente integrado a la estructura de cada centro.
La dimensión del problema atendido por los CJM se observa con mayor claridad en los incidentes registrados. Entre 2023 y 2024 se contabilizaron 1 millón 405 mil 921 incidentes de violencias. Los tipos con más registros fueron:
- Violencia psicológica: 256 mil 545 incidentes
- Violencia física: 199 mil 560
- Violencia sexual: 81 mil 876
- Violencia económica: 70 mil 970
- Violencia patrimonial: 42 mil 403
- Violencia a través de interpósita persona: 5 mil 57
La prevalencia de la violencia psicológica como principal tipo reportado es un dato institucionalmente importante. Indica que los CJM no están recibiendo solo casos extremos o de agresión física visible, sino una gama más amplia de afectaciones que requieren acompañamiento especializado, valoración y seguimiento. También sugiere que la puerta de entrada a estos centros está funcionando como un espacio de detección de violencias que muchas veces no llegan de inmediato a una denuncia penal formal.
El ámbito donde más incidentes se reportaron fue el de pareja, con 329 mil 810 casos entre 2023 y 2024. Le siguieron el ámbito familiar con 53 mil 305, el comunitario con 38 mil 510, el laboral con 4 mil 981 y el escolar con 1 mil 645. Esta distribución confirma que la mayor presión sobre los centros sigue viniendo del entorno más cercano e íntimo de las víctimas, lo que vuelve indispensable una atención integral que no se limite a la recepción de denuncias.
En los servicios brindados, los CJM muestran una estructura de atención bastante definida. En 2024, 93.3 % ofreció atención psicológica, 89.3 % asesoría u orientación jurídica y 84.0 % trabajo social. También destacaron la apertura de denuncias, querellas y carpetas de investigación en 78.7 % de los centros, la atención médica en 69.3 %, la atención educacional y lúdica en 69.3 % y la atención a hijas e hijos de las usuarias en 60.0 %. La cobertura, sin embargo, baja de forma visible en apoyos como asistencia social, bolsa de trabajo, representación legal o becas de empleo.
Ese punto tiene implicaciones institucionales claras. La red nacional de CJM ya opera como una política pública consolidada en términos territoriales, pero no necesariamente homogénea en capacidades. La alta presencia de servicios psicológicos y jurídicos indica una base mínima bastante extendida; en cambio, la menor cobertura en apoyos económicos, becas, asistencia social o inserción laboral revela que la respuesta estatal sigue más concentrada en la contención inmediata que en la reconstrucción prolongada de condiciones de autonomía para las mujeres atendidas.
La expansión de los CJM también plantea una exigencia de coordinación pública. Si la mayoría depende de fiscalías, pero una parte importante de su funcionamiento requiere articulación con salud, educación, trabajo social, protección a menores y seguimiento judicial, entonces el reto ya no es solo abrir más centros, sino fortalecer su capacidad para operar como ventanillas integrales con respuesta sostenida.
El balance que dejan las cifras es doble. Por un lado, la política pública se expandió, atendió a más mujeres y consolidó una cobertura nacional. Por otro, la magnitud de los casos, la prevalencia del seguimiento frente a la atención inicial y la dependencia de estructuras estatales heterogéneas muestran que los CJM enfrentan una presión cada vez mayor. El crecimiento de la red confirma su relevancia; la intensidad de la demanda deja claro que su fortalecimiento institucional sigue siendo una tarea abierta.
