La Cámara de Diputados recibió la madrugada de este jueves la minuta del Plan B electoral aprobada por el Senado de la República, pero lo hizo en una versión recortada respecto de la propuesta original del Ejecutivo. El cambio más relevante es que la reforma ya no incluye modificaciones a la revocación de mandato, por lo que ese mecanismo se mantiene en los términos vigentes de la Constitución y no podrá adelantarse a 2027.
El arribo de la minuta a San Lázaro ocurrió alrededor de las 3:00 horas, apenas unas horas después de su aprobación en la cámara alta. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó al pleno la recepción del proyecto y lo turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral para su análisis y dictaminación. Con ello, la discusión entra a una nueva etapa legislativa en la cámara revisora.
El hecho central no es solo el traslado de la minuta, sino el nuevo equilibrio político con el que llega. La versión enviada a Diputados conserva las medidas de austeridad y reordenamiento institucional, pero deja fuera uno de los componentes más controvertidos del paquete presidencial: la posibilidad de que la revocación de mandato coincidiera con la elección intermedia del próximo año.
Los puntos centrales que llegaron a la Cámara de Diputados son estos:
- los ayuntamientos podrán integrarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías;
- el presupuesto de los congresos locales no podrá exceder 0.70% del presupuesto estatal;
- se fija un tope salarial para autoridades electorales, sin poder ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal;
- se eliminan bonos extraordinarios y seguros de gastos médicos y de vida para personal del INE;
- el Senado deberá reducir su presupuesto de forma progresiva hasta alcanzar 15% menos en cuatro años.
La exclusión del artículo 35 fue resultado de la reserva presentada en el Senado por la petista Lizeth Sánchez García, respaldada por su bancada. Su argumento fue que la revocación de mandato y las elecciones tienen propósitos distintos y que, al mezclarse en un mismo proceso, se corría el riesgo de alterar su sentido democrático. Con esa decisión, la consulta sobre la continuidad o remoción de la persona titular del Ejecutivo federal quedará para 2028, en caso de ser solicitada bajo las reglas ya existentes.
La votación previa en el Senado había mostrado que el bloque oficialista sí conserva fuerza suficiente para aprobar una parte relevante del proyecto. En lo general, Morena, PT y PVEM sumaron 87 votos a favor, frente a 41 en contra de la oposición. Sin embargo, el recorte al apartado de revocación dejó claro que la mayoría no es monolítica y que sus aliados están dispuestos a corregir tramos sensibles de la iniciativa presidencial.
Ese antecedente condiciona la ruta en Diputados. Si la cámara revisora aprueba la minuta sin cambios, el proyecto pasará a los congresos estatales, donde necesitará el aval de al menos 17 legislaturas para declararse constitucional. Si los diputados modifican el texto, deberá regresar al Senado. Eso convierte a la etapa en San Lázaro en un punto decisivo no solo para el contenido final de la reforma, sino también para el tiempo político del oficialismo.
La recepción de la minuta también abrió un frente de discusión sobre la técnica legislativa. Legisladores del PAN señalaron una inconsistencia en el encabezado del proyecto recibido, donde todavía aparece la referencia a “fortalecer la revocación de mandato”, pese a que ese contenido fue retirado en la votación del Senado. El señalamiento no altera por sí mismo el fondo del trámite, pero sí introduce una observación sobre la precisión formal del texto que empezará a revisarse en comisiones.
En términos institucionales, lo que llega a la Cámara de Diputados es una reforma menos ambiciosa que la planteada originalmente, pero todavía de alto impacto para el sistema político-electoral. La minuta mantiene cambios en presupuestos, estructura municipal, remuneraciones y prestaciones de autoridades electorales. Al mismo tiempo, el retiro del apartado sobre revocación muestra que la mayoría legislativa sí tiene límites internos cuando una parte de la coalición considera que un cambio puede alterar la competencia electoral o la lógica constitucional del mecanismo.
Lo que sigue será la dictaminación en comisiones y, eventualmente, la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Ahí se definirá si el oficialismo opta por cerrar filas sobre la versión enviada por el Senado o si abre una nueva fase de ajustes. Por ahora, el dato central es claro: el Plan B ya está en San Lázaro, pero llegó sin uno de sus componentes políticamente más delicados.
