El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero lo hizo con una modificación de fondo: dejó fuera los cambios a la revocación de mandato, con lo que ese mecanismo no podrá adelantarse a 2027 y permanecerá en los términos actuales de la Constitución. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
El hecho central no fue solo la aprobación de la reforma, sino la forma en que se construyó la mayoría. En lo general, el proyecto obtuvo 87 votos a favor y 41 en contra, con respaldo conjunto de Morena, PT y PVEM. Sin embargo, en lo particular, el PT presentó y sacó adelante una reserva para eliminar por completo el contenido del artículo 35 relacionado con la revocación de mandato. Esa decisión recortó uno de los componentes más sensibles de la propuesta presidencial.
La sesión se prolongó por más de seis horas y comenzó cerca de las 18:00 horas. Durante la discusión, los presidentes de las comisiones dictaminadoras, Óscar Cantón y Enrique Inzunza, defendieron la redacción original que permitía realizar la revocación en el tercer o cuarto año del mandato presidencial y autorizaba a la persona titular del Ejecutivo a promover ese mecanismo. Incluso hubo un llamado explícito al PT para respaldar la reforma en sus términos iniciales.
El punto de quiebre llegó con la posición del partido encabezado por Alberto Anaya. El dirigente petista confirmó en tribuna que su bancada apoyaría la reforma en lo general, pero se separaría del contenido del artículo 35. Más tarde, la senadora Lizeth Sánchez formalizó la reserva para suprimir por completo ese apartado y mantener la revocación de mandato tal como está hoy en la Constitución, es decir, vinculada al cuarto año de gobierno.
Los elementos más relevantes de la votación fueron estos:
- aprobación en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra;
- aprobación en lo particular con los mismos 87 votos a favor y 41 en contra;
- eliminación total del contenido del artículo 35;
- mantenimiento de la revocación de mandato en sus términos vigentes;
- aprobación de los artículos reservados 115, 116 y 134;
- envío de la minuta a la Cámara de Diputados pasada la medianoche.
Con esa modificación, la reforma conserva otros componentes del Plan B. Entre ellos se mantienen la eliminación de privilegios, el recorte presupuestal a los congresos locales y al Senado, el límite máximo de 15 regidores en los municipios, la eliminación de prestaciones onerosas en órganos electorales, la prohibición de contratar seguros con recursos públicos y el ajuste general de remuneraciones de servidores públicos en los distintos órdenes de gobierno.
La decisión del PT tuvo efectos políticos inmediatos. Por un lado, permitió conservar la coalición oficialista para aprobar el resto del paquete. Por otro, dejó fuera una de las apuestas más visibles de la iniciativa presidencial: que la eventual revocación pudiera realizarse el mismo día de la elección intermedia de 2027. La justificación petista fue que mantener ese cambio habría afectado la naturaleza democrática del mecanismo y podía generar tensiones o distorsiones en el proceso electoral.
La oposición celebró ese recorte. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano insistieron en que permitir la revocación en 2027 habría introducido una ventaja para la presidenta al coincidir con las elecciones concurrentes y abrirle la posibilidad de promover su permanencia durante el mismo proceso. En esa línea, el debate se desplazó del terreno de austeridad institucional al de equidad electoral.
El oficialismo defendió la reforma restante como una medida suficiente para avanzar en la reducción de privilegios y en el ajuste del gasto político. Desde Morena se sostuvo que el proyecto no quedó debilitado, sino que mantuvo el núcleo de austeridad republicana. También se argumentó que la unidad de la coalición no se rompió, a pesar de que uno de sus aliados decidió no acompañar una parte de la iniciativa.
Las implicaciones institucionales son claras. Primero, la reforma ya no modifica la temporalidad ni el diseño vigente de la revocación de mandato. Segundo, el paquete que llegará a San Lázaro se concentra en recortes presupuestales, límites de representación municipal y ajustes a remuneraciones y prestaciones. Tercero, el episodio confirma que dentro de la mayoría legislativa persisten diferencias sobre la manera en que deben articularse los mecanismos de participación ciudadana con los calendarios electorales.
Lo que sigue es la revisión de la minuta en la Cámara de Diputados. Ahí se definirá si el proyecto se mantiene en los términos aprobados por el Senado o si se abre una nueva fase de ajustes. Por ahora, el saldo político es preciso: el Senado sí aprobó el Plan B, pero lo hizo en una versión recortada, sin adelantar la revocación de mandato y con un costo visible para la redacción original impulsada desde el Ejecutivo.
