El gobierno federal abrió una nueva negociación con empresarios gasolineros para intentar bajar el precio del diésel, luego del repunte internacional del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 30 de marzo que el combustible se mantiene alrededor de 28.23 a 28.28 pesos por litro gracias a estímulos fiscales, pero reconoció que la presión externa sigue siendo alta y que, sin esa compensación, el precio podría acercarse a 35 pesos.
La medida coloca al diésel en el centro de la respuesta oficial. A diferencia de la gasolina regular, el combustible usado para transporte de carga tiene un impacto más directo sobre el movimiento de mercancías, los costos logísticos y la inflación. Por eso, además del acuerdo voluntario que ya permitió una primera baja, Pemex revisa precios en terminales de distribución y el gobierno mantendrá conversaciones durante esta semana para intentar un nuevo ajuste.
Sheinbaum reconoció que en algunas zonas el diésel llegó a tocar los 30 pesos por litro y aceptó que hace unas semanas todavía se movía entre 26.50 y 27 pesos. La diferencia, explicó, responde al alza del crudo. En su exposición pública, señaló que el Brent llegó a 115 dólares por barril y sostuvo que la tensión internacional está afectando combustibles y monedas en distintos países.
El gobierno decidió separar ambos frentes. Mientras descartó una alarma en el tipo de cambio, admitió que el petróleo sí representa un problema inmediato. Con el peso por encima de 18 unidades por dólar, Sheinbaum afirmó que el movimiento está “en el margen”, defendió que las reservas internacionales se mantienen en niveles históricos y aseguró que no existe un problema macroeconómico por falta de recursos o inversión.
La respuesta sobre combustibles quedó apoyada en dos instrumentos: la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la presión directa sobre la cadena de distribución. La presidenta sostuvo que la disminución del IEPS ha servido para amortiguar parte del golpe internacional, aunque también reconoció que esa reducción no siempre se traslada por completo al consumidor final. De ahí la decisión de revisar precios en terminales de Pemex y negociar con estaciones de servicio para evitar márgenes más altos en un momento de presión internacional.
La gasolina regular se mantuvo en una ruta distinta. El promedio nacional reportado fue de 23.68 pesos por litro y el gobierno defendió que el acuerdo alcanzado con gasolineros ha evitado un alza mayor en ese producto. En el monitoreo presentado, una estación Pemex en Xochitepec, Morelos, fue señalada con un precio de 23.29 pesos por litro, mientras que entre las más caras aparecieron una estación Gulf en Puebla con 25.02 pesos y una Kpetrom en Bahía de Banderas con un margen de ganancia de 4.08 pesos por litro.
El mensaje oficial no se limitó a combustibles. El bloque económico incorporó datos de remesas y canasta básica para reforzar la idea de vigilancia sobre variables de consumo. En envíos de 400 dólares, Finabien entregó 7 mil 304.98 pesos, frente a 6 mil 905.01 pesos de Ria Money Transfer. En efectivo, Pangea Money Transfer entregó 7 mil 320 pesos, mientras que Xoom quedó entre las opciones con menor rendimiento. En el monitoreo de la canasta PACIC, el rango fue de 772.60 pesos en Chedraui Campeche a 966.20 pesos en Ley Otay, Tijuana, por encima del tope de 910 pesos pactado para 24 productos.
La exposición presidencial también tuvo un componente político-energético. Sheinbaum aprovechó la coyuntura para defender la capacidad de refinación del país y planteó que la tensión internacional confirma la necesidad de reforzar el abasto interno de combustibles. Bajo esa lógica, el choque petrolero fue presentado no solo como una presión de precios, sino como una prueba para la política energética y la capacidad de respuesta del mercado interno.
La decisión de concentrar el mensaje en el diésel tiene implicaciones claras. Si el aumento persiste, el efecto no se quedaría en estaciones de servicio, sino que podría trasladarse al transporte de mercancías, a cadenas de distribución y, eventualmente, a precios al consumidor. Por eso el gobierno colocó el tema como prioridad de corto plazo y evitó presentar el episodio como un problema cambiario o financiero.
Lo que sigue ya quedó planteado por la propia Presidencia: negociación con gasolineros, revisión de precios en terminales de Pemex, continuidad de los estímulos fiscales y monitoreo permanente de combustibles e inflación. La apuesta inmediata es impedir que el encarecimiento del petróleo termine por empujar con más fuerza el costo del diésel en México.
