I. El huachicol que no se ve, pero que todos pagamos

Cuando la mayoría de los mexicanos escucha la palabra huachicol, imagina una toma clandestina en un ducto de Pemex, una pipa robada en alguna carretera de Hidalgo o Puebla, filas de personas con cubetas en medio de la madrugada. Esa imagen, dolorosa y real, marcó los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero existe otra modalidad del fenómeno: más silenciosa, más sofisticada y, en muchos sentidos, igual de devastadora para las finanzas públicas y la economía del país.

Se llama huachicol fiscal. No implica agujerear un ducto. Implica algo que, en apariencia, parece más burocrático que criminal: importar combustible declarándolo como otra cosa, con el único propósito de evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El resultado es el mismo que el del robo tradicional: miles de millones de pesos que no llegan al erario, un mercado distorsionado que perjudica a los distribuidores que sí cumplen la ley, y una red de corrupción que, como se ha demostrado, alcanza las más altas esferas del Estado mexicano.

Esta investigación reconstruye cómo opera ese esquema, quiénes han sido señalados como sus operadores, qué tan lejos llegan sus tentáculos institucionales y qué está haciendo —o dejando de hacer— el gobierno para frenarlo.

II. El buque que destapó el escándalo

El caso que convirtió el huachicol fiscal en un asunto de primera plana fue el del buque Challenge Procyon. En marzo de 2025, la Secretaría de Marina aseguró la embarcación en el puerto de Tampico, Tamaulipas, con una carga declarada oficialmente como «aditivos para aceites lubricantes». La inspección reveló algo diferente: diésel ilegal.

El gobierno informó inicialmente de 10 millones de litros asegurados. Documentos del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) revelados posteriormente mostraron que la cifra real era de 20 millones 944 mil 445 litros —más del doble de lo reportado—, generando una evasión fiscal estimada en más de 190 millones de pesos en ese único viaje.

El Challenge Procyon no era un caso aislado. Era la punta de un iceberg. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la red identificada como «Los Primos» operó entre 2020 y 2024 el desembarque ilegal de 31 buques con combustible en las aduanas de Altamira y Tampico, declarando sistemáticamente el cargamento como otro producto para evadir el IEPS. Los testigos protegidos en el proceso judicial describieron que solo entre 2024 y 2025 ingresaron más de 32 buques de esta manera.

La importadora del buque era Intanza. Investigaciones del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Corrupción e Impunidad (MCCI) documentaron vínculos directos entre sus dueños y Francisco Javier Antonio Martínez, entonces director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, quien fue cesado en mayo de 2025. La misma investigación reveló que la administración del puerto otorgó la concesión del muelle fiscal a Tampico Terminal Marítima, empresa propiedad de Saúl Vera Ochoa, un empresario que apoyó públicamente al senador Adán Augusto López en su aspiración por la candidatura presidencial de Morena.

III. Los implicados: de la Marina al Poder Judicial

El caso del Challenge Procyon desencadenó, meses después, uno de los operativos más relevantes en materia de corrupción institucional del gobierno de Claudia Sheinbaum. El 2 de septiembre de 2025, en un operativo coordinado por la Secretaría de Marina (Semar), la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron detenidas 14 personas. Entre ellas, perfiles que revelaron la profundidad de la penetración de la red en el Estado mexicano.

El vicealmirante: el servidor público de mayor rango

La detención más impactante fue la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, segundo rango más alto de la jerarquía naval y, hasta ese momento, comandante de la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca. Farías Laguna es sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de López Obrador —a quien el expresidente describió públicamente como «una persona honesta e íntegra».

La FGR lo señaló como uno de los tres jefes de la organización criminal: el que autorizaba los perfiles de quienes integraban la red, coordinaba acciones en distintas aduanas y garantizaba el flujo de los buques sin revisión exhaustiva mediante el manejo de personal en posiciones clave. Junto a él, su hermano Fernando Farías Laguna, contralmirante, fue identificado como co-líder de la red; a la fecha de este informe, permanece prófugo.

Vinculado a proceso por un juez federal en el Centro de Justicia Penal del Altiplano, el vicealmirante Farías Laguna enfrenta cargos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La FGR solicita penas de entre 30 y 60 años de prisión para los líderes de la red. Actualmente recluido en el Cefereso No. 1 «Altiplano» en Almoloya de Juárez, Farías Laguna envió en enero de 2026 una carta a la presidenta Sheinbaum denunciando «irregularidades» en su proceso y afirmando que se trata de «una venganza». Un juez federal rechazó su amparo para impedir la baja definitiva de la Marina, ejecutada el 18 de diciembre de 2025.

El exjuez del caso «Los Porkys»

Entre los 14 detenidos también figuró Anuar González Hemadi, exjuez federal con un historial que ya había generado escándalo público. En 2017, siendo titular del Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, González Hemadi autorizó un amparo a favor de Diego Cruz Alonso, uno de los jóvenes acusados de violar a una menor en el caso conocido como «Los Porkys», argumentando que no existía «intención lasciva». El fallo fue considerado un símbolo de impunidad, generó una ola de indignación y terminó con su destitución. Años después, González Hemadi aparece como parte de una red de tráfico de combustible ilegal. El arco de su trayectoria institucional dice mucho sobre la impunidad estructural del sistema mexicano.

El funcionario de aduanas con relojes de 7.7 millones de pesos

Otro nombre que emergió con fuerza en el escándalo fue el de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación Aduanera de la ANAM —el organismo que, teóricamente, debía combatir exactamente este tipo de fraudes. En agosto de 2025, MCCI documentó que Márquez Hernández había adquirido un departamento de tres niveles en Polanco por apenas un tercio de su valor comercial, vendiéndoselo un Coronel Intendente del Ejército. También compró una colección de relojes valuada en 7.7 millones de pesos. El Universal reveló que el propio SAT lo investigaba por ser representante legal de Aledo, empresa relacionada con operaciones de al menos 257 millones de pesos de presunta procedencia ilícita. Márquez Hernández fue nombrado en su cargo en febrero de 2025, al inicio mismo del gobierno de Sheinbaum.

La conexión con el AIFA y la Defensa Nacional

El escándalo no se limitó a la Marina. En junio de 2025, MCCI documentó que durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pagó más de 500 millones de pesos en diésel a la empresa Ecocarburante, vinculada a la misma red de huachicol que operó a través de transportistas y estuvo implicada en los decomisos de marzo en Tamaulipas. La Defensa reconoció el contrato, pero negó haber comprado combustible robado y defendió la legalidad de las adjudicaciones. El hecho, sin embargo, pone una sombra sobre la obra más emblemática del gobierno anterior y abre preguntas sobre la revisión de contratos de esa magnitud.

«Se advierte la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios.» — Mario Martínez Elizondo, juez de control federal del Altiplano, durante la audiencia de vinculación a proceso, septiembre de 2025

IV. No es nuevo: un esquema que cruzó dos sexenios

Un elemento incómodo de este escándalo es su continuidad temporal. Las redes de huachicol fiscal no nacieron en 2025 ni con el gobierno de Sheinbaum. De acuerdo con las evidencias judiciales y las investigaciones periodísticas, la red «Los Primos» operó el desembarque ilegal de buques desde 2020, durante el gobierno de López Obrador, y continuó activa hasta 2024 y 2025.

La primera investigación que arrojó luz pública sobre el fenómeno en el sexenio actual fue publicada por MCCI en noviembre de 2024. Documentó cómo empresas fantasma, ya identificadas por el propio SAT como tales, habían construido un esquema para importar más de un millón de litros de combustibles mediante registros alterados, en colusión con autoridades aduanales. Esas empresas formaban parte de redes de comercializadoras autorizadas para vender combustible durante el gobierno anterior, con base operativa en Reynosa, Tamaulipas, y vínculos con funcionarios del Sistema Portuario Nacional.

El dato es relevante porque obliga a reconocer que el problema no tiene un único responsable político. Creció bajo diferentes administraciones, aprovechando las mismas grietas institucionales: fracciones arancelarias poco claras, controles portuarios débiles, complicidades en mandos medios y altos de distintas secretarías, y una arquitectura de empresas fachada que el SAT tardó en mapear.

Lo que sí cambió con Sheinbaum fue la decisión de llevar el caso a sus consecuencias judiciales, con detenciones de alto perfil. Eso es un avance que debe reconocerse. La pregunta que persiste es si esa determinación alcanzará para desmantelar la red completa —con el hermano prófugo del vicealmirante aún fuera del alcance de la justicia— o si se limitará a los operadores identificados sin tocar capas más profundas del sistema.

V. El costo real: lo que no llega al erario

Poner cifras exactas al huachicol fiscal es difícil, en parte porque su naturaleza es precisamente la de ocultarse en la contabilidad. Pero las cifras disponibles dibujan una dimensión que va mucho más allá de casos individuales.

De enero a septiembre de 2025, el SAT abrió 109 expedientes penales por presuntos fraudes y contrabando, con un perjuicio fiscal cercano a los 22,843 millones de pesos. El organismo canceló decenas de patentes de agentes aduanales y detectó indicios de contrabando técnico en 21 aduanas distribuidas en 13 estados. Tamaulipas es el epicentro —con los puertos de Tampico y Altamira como principales puntos de entrada—, pero el fenómeno tiene presencia documentada en Veracruz, Tuxpan, Nuevo Laredo y Ensenada, entre otros.

En octubre de 2025, el SAT publicó el listado de 141 presuntos factureros —el mayor número revelado hasta entonces— con contribuyentes vinculados en Tabasco, Puebla, Nayarit, Michoacán, Sonora, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Según el SAT, cerca de 11 mil personas físicas y morales han sido identificadas por participar en operaciones simuladas.

La Reforma Fiscal para 2026 incorporó medidas específicas para el sector de hidrocarburos: todo CFDI emitido por distribuidores de combustible debe incluir el número de permiso vigente otorgado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Si el permiso, el RFC del emisor o la clave del producto no coinciden en tiempo real, el comprobante no puede certificarse. El SAT estableció además una nueva figura legal: el «CFDI falso», que implica sanciones de dos a nueve años de prisión para quien lo expida, enajene, compre o le dé efectos fiscales.

El impacto de este fraude no es solo fiscal. Afecta a los consumidores, que en ocasiones reciben combustible adulterado —mezclado con solventes, agua o etanol— sin saberlo. Afecta a los gasolineros que sí cumplen la ley, que no pueden competir contra precios artificialmente bajos alimentados por impuestos que otros no pagan. Y afecta a la inversión y el empleo en el sector energético formal, que opera en condiciones de desigualdad mientras las redes criminales se consolidan.

VI. La respuesta del gobierno: más facultades, mismo reto

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha convertido el combate al huachicol fiscal y a las empresas factureras en uno de sus ejes de política fiscal. La decisión es comprensible desde la aritmética presupuestal: con una meta de recaudación de 5.8 billones de pesos para 2026 y sin una reforma fiscal estructural en el horizonte cercano, tapar las fugas se vuelve la única palanca disponible para cuadrar las cuentas.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, fue explícito: «Antes de pensar en modificar el esquema tributario, debemos tapar estas fugas que tenemos en temas de factureras o nomineras.» La presidenta Sheinbaum ha reiterado que el SAT orientará sus esfuerzos hacia la detección de empresas factureras y que se realizarán auditorías «ahí donde se encuentre que hay una falla». El Plan Maestro 2026 del SAT, publicado en enero, establece que se auditará especialmente a contribuyentes con inconsistencias entre lo que importan y lo que venden, a quienes tengan pérdidas fiscales recurrentes, y a quienes importen con precios por debajo del mercado.

Las nuevas herramientas legales son reales y representan un avance. Las visitas domiciliarias «exprés» —que pueden iniciarse con la suspensión inmediata del sello digital del facturero—, la publicación en el Diario Oficial de Federación de los RFC de emisores de CFDI falsos y la tipificación penal de la compra y venta de facturas falsas son medidas que endurecen el marco normativo de manera significativa. Si se aplican con consistencia, pueden generar disuasión.

El reto, sin embargo, es estructural. En 2024, de las aproximadamente 2.5 millones de personas morales registradas ante el SAT, solo alrededor de 700 mil presentaron declaración. Esa brecha —casi 1.8 millones de entidades que existen en el padrón pero no declaran— es el terreno natural donde proliferan las empresas fantasma. Cerrarla requiere no solo más tecnología o más facultades legales, sino una depuración sostenida del padrón de contribuyentes y una coordinación interinstitucional que históricamente ha fallado: SAT, UIF, FGR, ANAM y fuerzas de seguridad necesitan compartir inteligencia en tiempo real, no solo coordinarse cuando el escándalo ya es público.

VII. Las preguntas que el caso deja abiertas

Más de un año después del decomiso del Challenge Procyon, y a siete meses de las primeras detenciones, el caso del huachicol fiscal deja pendientes que merecen atención pública sostenida.

El contralmirante Fernando Farías Laguna sigue prófugo. Identificado por la FGR como co-líder de la red «Los Primos», el hermano del vicealmirante detenido no ha sido capturado. Mientras permanezca libre, la red conserva información y conexiones que podrían permitirle reconstituirse o desaparecer evidencias.

La carpeta de investigación está incompleta. En audiencias de enero de 2026, se documentó que la FGR entregó al juzgado solo 14 de los 17 tomos de la carpeta de investigación, lo que le valió multas por incumplimiento desde noviembre de 2025. La defensa del vicealmirante ha argumentado violaciones al debido proceso. Independientemente de la culpabilidad o inocencia del imputado, una investigación con problemas de integración de pruebas es una investigación en riesgo de caerse en tribunales.

El alcance político sigue sin aclararse del todo. La concesión del muelle fiscal en Tampico a un empresario vinculado a Morena, los contratos de la Sedena con Ecocarburante durante la construcción del AIFA, la velocidad de ascenso del vicealmirante Farías Laguna en la estructura naval durante el gobierno de López Obrador —todos estos elementos plantean preguntas sobre el grado de conocimiento institucional que pudo haber existido a niveles más altos. Ninguna investigación formal ha llegado hasta allá.

El director de Investigación Aduanera sigue sin ser procesado. A pesar de las revelaciones sobre Alex Tonatiuh Márquez Hernández —el departamento en Polanco, los relojes de 7.7 millones, la representación legal de una empresa con movimientos inusuales—, no hay información pública de que haya sido detenido, cesado o vinculado formalmente a proceso.

Finalmente, la cuestión de fondo: el huachicol fiscal, en su dimensión de operaciones simuladas con CFDI, no se limita al sector de combustibles. Es un fenómeno extendido en múltiples sectores de la economía. Las 11 mil personas y empresas identificadas por el SAT son solo las que ya fueron detectadas. La pregunta de cuántas más operan sin haber sido rastreadas todavía no tiene respuesta pública.

VIII. Análisis: ¿reforma fiscal o parche fiscal?

El combate al huachicol fiscal y a las empresas factureras es, en sí mismo, correcto y necesario. Perseguir a quienes defraudan al fisco no requiere justificación adicional. El problema es que el gobierno está usando la persecución del fraude como sustituto de una política fiscal integral, en lugar de como complemento de ella.

México tiene una de las cargas tributarias más bajas entre los países de la OCDE. La recaudación como porcentaje del PIB sigue siendo insuficiente para financiar servicios públicos de calidad en educación, salud e infraestructura. Combatir las fugas es necesario, pero hacerlo sin tocar la estructura del sistema tributario —bases gravables estrechas, tasas diferenciadas, un sector informal que no tributa— es una estrategia que tiene techo.

Dicho esto, los avances deben reconocerse por lo que son. La detención de un vicealmirante de la Marina —el funcionario de mayor rango aprehendido por corrupción en lo que va del gobierno de Sheinbaum— envía una señal de que la impunidad de los mandos altos no es absoluta. Las nuevas herramientas legales para perseguir facturas falsas en tiempo real representan una modernización real del aparato fiscalizador. Y la decisión de llevar el caso del Challenge Procyon hasta sus consecuencias judiciales, en lugar de enterrarlo, dice algo sobre la disposición del gobierno actual.

Lo que este caso también demuestra es que la corrupción en el sector energético no es un fenómeno marginal ni el producto de unos pocos malos elementos. Es un sistema: con estructura de mando, con financiadores, con operadores en puertos y aduanas, con jueces dispuestos a facilitar amparos, con empresas fachada fundadas con prestanombres que son una ayudante de carpintería o un alcohólico que nunca supieron que tenían una empresa a su nombre. Desmantelar un sistema requiere más que detenciones. Requiere reformas institucionales, transparencia en los contratos públicos, depuración real de padrones y, sobre todo, continuidad en la voluntad política cuando los reflectores ya no están encendidos.

Cronología del escándalo

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