México tiene presupuesto, seguros y bonos catastróficos para responder a emergencias. La prueba crítica aparece cuando las pérdidas rebasan esas primeras capas y la reconstrucción vuelve a depender del presupuesto, los estados y los patrimonios privados.

Si mañana un huracán de categoría extrema destruye una ciudad mexicana, un sismo paraliza varias entidades o una inundación arrasa infraestructura regional, México no tendría que empezar buscando dinero desde cero. El Gobierno federal dispone de una arquitectura formada por presupuesto, seguros patrimoniales, un Seguro para Catástrofes, bonos catastróficos y capacidad para realizar adecuaciones presupuestarias.

El problema aparece en la siguiente pregunta: ¿hasta dónde alcanzan?

La respuesta que arroja esta investigación es más compleja que afirmar que México tiene o no tiene un fondo para desastres. El país conserva instrumentos capaces de proporcionar liquidez y absorber una primera parte de las pérdidas, pero la reconstrucción de una catástrofe extrema continúa dejando una porción considerable del riesgo en manos del presupuesto público, los gobiernos locales, las empresas y, finalmente, las familias.

La mejor evidencia está en las propias estimaciones de Hacienda. Los Criterios Generales de Política Económica 2027 calculan que las pérdidas esperadas en los sectores prioritarios atendidos mediante los mecanismos del Ramo 23 ascienden a 20.3 mil millones de pesos anuales. Para un evento con probabilidad anual de 5%, la estimación sube a 22.3 mil millones; para uno con probabilidad anual de apenas 1%, alcanza 62.1 mil millones.

Frente a ello, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 propone 20 mil 57 millones de pesos para el programa Fondo de Desastres Naturales. Es prácticamente el tamaño de la pérdida anual esperada, pero equivale aproximadamente a una tercera parte de la pérdida estimada por Hacienda para un evento mucho menos frecuente y más severo.

I. El FONDEN desapareció, pero no todo el FONDEN

Una parte de la discusión pública sobre desastres parte de una simplificación. En 2020 no desapareció de un solo golpe todo mecanismo federal para financiarlos. Lo que fue extinguido fue, fundamentalmente, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales y posteriormente dejaron de operar sus reglas anteriores; el programa presupuestario para desastres continuó.

Las reglas históricas muestran por qué la diferencia importa. El antiguo FONDEN era una arquitectura y no una sola cuenta bancaria. Incluía el Fondo Revolvente para atender necesidades urgentes, el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo 23 y el Fideicomiso FONDEN, que podía acumular remanentes entre ejercicios y financiar reconstrucción e instrumentos de transferencia de riesgos.

La reforma publicada en noviembre de 2020 ordenó que desde 2021 el fideicomiso dejara de asumir nuevos compromisos y que sus remanentes fueran concentrados en la Tesorería de la Federación. Hacienda informó posteriormente que alrededor de 25 mil millones de pesos regresaron a la Tesorería.

Lo que se perdió con la extinción no fue la posibilidad legal de gastar en desastres, sino una reserva financiera multianual con patrimonio acumulado. Lo que permaneció fue la posibilidad de asignar recursos anuales directamente desde el presupuesto.

El sistema anterior tampoco constituye un modelo sin fallas al cual regresar acríticamente. La Auditoría Superior de la Federación documentó deficiencias de operación, retrasos, problemas de control y riesgos de discrecionalidad. En la reconstrucción posterior a los sismos de 2017, por ejemplo, encontró fallas en los mecanismos para entregar apoyos y discrepancias en censos de damnificados. Evaluaciones posteriores de la ASF señalaron que el FONDEN no siempre podía acreditar eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.

La comparación pertinente, por tanto, no es entre un pasado perfecto y un presente desprotegido, sino entre dos formas distintas de retener, presupuestar y transferir riesgo.

II. El financiamiento de desastres naturales en México: cinco capas

La arquitectura actual puede entenderse como una serie de capas. Ninguna está diseñada para pagar por sí sola el costo económico completo de una catástrofe.

Primera capa: presupuesto

El PEF 2024 asignó 17 mil 984.8 millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales; en 2025 fueron 18 mil 677.2 millones; en 2026, 19 mil 430.1 millones. El PPEF 2027 propone 20 mil 57.1 millones.

Hay, además, una partida específica de prevención mucho menor: FOPREDEN recibió 228.3 millones en 2024, 237.1 millones en 2025 y 246.7 millones en 2026; el proyecto 2027 propone 254.6 millones.

No sería metodológicamente correcto concluir que México destina solamente esa cantidad a prevención. Obras hidráulicas, mantenimiento, monitoreo, protección civil, infraestructura y adaptación aparecen distribuidas en numerosas dependencias. Pero la enorme diferencia entre el programa presupuestario explícitamente destinado a atender desastres y el específicamente destinado a prevenirlos confirma que el componente financiero central continúa organizado alrededor de la respuesta y reconstrucción.

Segunda capa: Seguro para Catástrofes

Desde junio de 2026 el Gobierno federal cuenta con una suma asegurada de 10 mil 400 millones de pesos contratada con Agroasemex. Tiene vigencia del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027 y cubre sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media-alta en el territorio nacional.

La cobertura está formada por un Fondo de Administración de Pérdidas de 400 millones y un seguro paramétrico por 10 mil millones de pesos. La suma asegurada duplicó la del periodo anterior.

Al cierre efectivo de esta investigación no fue posible localizar en fuentes públicas consultables la documentación completa de la póliza 2026-2027 que permitiera verificar con el mismo grado de precisión la prima final, todos los umbrales, exclusiones, deducibles y escalas de pago. Por ello, esos elementos no deben inferirse del comunicado de Hacienda.

Tercera capa: bonos catastróficos

Aquí aparece una precisión relevante. La cobertura vigente de México mediante bonos respaldados por el Banco Mundial no es únicamente de 420 millones de dólares.

En abril de 2024 el Banco Mundial colocó tres tramos por 420 millones de dólares: 225 millones para terremotos de menor frecuencia, 70 millones para otra capa de riesgo sísmico y 125 millones para huracanes del Atlántico. Un mes después colocó una cuarta cobertura, por 175 millones de dólares, para huracanes del Pacífico.

La protección total vigente alcanza así 595 millones de dólares hasta abril de 2028: 295 millones contra terremotos y 300 millones contra huracanes, divididos entre Atlántico y Pacífico.

Eso tampoco significa que México pueda disponer de los 595 millones ante cualquier desastre. Cada tramo responde a un peligro y parámetros determinados. Un huracán del Pacífico no activa la cobertura de terremoto ni la de huracanes del Atlántico.

Cuarta capa: seguros patrimoniales

Las dependencias y entidades federales aseguran distintos bienes públicos. Estas pólizas reducen el pasivo contingente del Gobierno cuando carreteras, hospitales, escuelas, edificios o infraestructura asegurada sufren daños. No constituyen, sin embargo, una póliza universal sobre todo el patrimonio público nacional.

Quinta capa: el presupuesto después del desastre

Cuando las primeras capas no alcanzan, comienza la zona fiscalmente más delicada: ampliaciones, adecuaciones presupuestarias, gasto de dependencias, apoyos extraordinarios, créditos públicos, facilidades fiscales y recursos de empresas del Estado.

Es aquí donde un desastre natural deja de ser solamente un problema de protección civil y se convierte en un problema presupuestario.

III. Seguro paramétrico: cobrar rápido no significa cobrar todo

Un seguro tradicional pregunta cuánto fue el daño. Un seguro paramétrico pregunta qué características tuvo el fenómeno.

En un terremoto pueden considerarse magnitud, profundidad y localización. En un ciclón pueden intervenir trayectoria, presión central y punto de entrada. Si los parámetros definidos en el contrato se cumplen, se genera el pago correspondiente sin necesidad de valuar previamente cada edificio destruido.

Su ventaja es fundamental para un gobierno: puede convertir un fenómeno físico en liquidez mucho más rápidamente que una indemnización basada en miles de evaluaciones individuales.

Pero existe el llamado riesgo de base: que el daño económico sea enorme y el parámetro no produzca un pago equivalente, o incluso que no active la cobertura.

Otis ofrece una demostración real. El bono vigente en 2023 tenía un tramo de 125 millones de dólares para huracanes del Pacífico. El huracán activó la cobertura, pero el pago final fue de 60 millones de dólares. El daño económico no determinó la indemnización: la determinaron los parámetros contractuales.

Además, aquel pago tardó alrededor de cinco meses en quedar determinado porque la documentación exigía datos finales del National Hurricane Center. La estructura de 2024 fue modificada, entre otras cosas, buscando pagos más rápidos y menor riesgo de base.

El seguro paramétrico no pretende reconstruir una ciudad. Su función económica principal es transferir una parte del riesgo extremo y proporcionar liquidez cuando se cumplen parámetros previamente pactados.Conclusión de El Comentario del Día a partir de la estructura contractual del Banco Mundial

IV. Otis: la prueba de estrés

El huracán Otis permite observar las distintas capas operando simultáneamente y también demuestra por qué no deben sumarse cifras de naturaleza diferente.

CENAPRED estimó que los desastres ocurridos en México durante 2023 generaron daños y pérdidas por 89 mil 910 millones de pesos. Guerrero concentró 97.29% del total, fundamentalmente por Otis. Eso coloca el orden de magnitud asociado al estado en alrededor de 87 mil millones de pesos, aunque esa cifra no debe confundirse con gasto gubernamental.

El Gobierno federal, por su parte, anunció un Plan de Atención a Acapulco y Coyuca por 61 mil 313 millones de pesos. Tampoco eran 61 mil millones exclusivamente de reconstrucción física. El paquete incluía apoyos a viviendas y comercios, infraestructura urbana, carreteras, electricidad, enseres, programas sociales, créditos, exenciones fiscales y diferimientos de obligaciones.

Por otra parte, el sector asegurador terminó estimando aproximadamente 39 mil millones de pesos en daños asegurados. Son pérdidas privadas cubiertas por pólizas, no recursos adicionales del Gobierno.

Y el bono catastrófico produjo un pago de 60 millones de dólares.

Las cuatro cifras describen cosas diferentes. Precisamente por eso revelan el funcionamiento real del sistema: el desastre se reparte entre Estado, aseguradoras y propietarios.

La comparación original entre los 10 mil 400 millones del seguro federal actual y los 61 mil 313 millones del plan Otis sirve como ilustración de escala, pero no como razón de cobertura. El primero es un contrato de transferencia de riesgo; el segundo fue un paquete público extraordinario que incorporó conceptos que una póliza no pretende indemnizar.

La conclusión válida es distinta: ninguna de las capas financieras actuales está diseñada individualmente para cubrir la totalidad de una reconstrucción comparable con Otis.

V. El riesgo que no llega a las aseguradoras

La vulnerabilidad más profunda está fuera de las finanzas federales.

Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros difundidos en 2026 indican que aproximadamente 26% de las viviendas mexicanas tiene algún seguro, pero sólo alrededor de 6.5% cuenta con una póliza contratada voluntariamente; buena parte del resto está asegurada porque existe un crédito hipotecario.

La desigualdad territorial es todavía mayor. Información de AMIS coloca a Guerrero alrededor de 10% de aseguramiento habitacional, mientras otras entidades presentan porcentajes muy superiores. Esto significa que justamente algunos territorios con alta exposición sísmica, ciclónica y elevada vulnerabilidad social tienen menor capacidad privada para transferir riesgo.

Cuando una vivienda no está asegurada, la pérdida no desaparece. La absorbe la familia, un crédito, la ayuda gubernamental o una combinación de ellos. Lo mismo ocurre con pequeños negocios.

Después de Otis, representantes del sector restaurantero de Acapulco estimaron daños cercanos a 4 mil millones de pesos y señalaron que sólo alrededor de 5% de los establecimientos afectados contaba con cobertura suficiente.

El riesgo privado no asegurado puede convertirse así en presión fiscal después del desastre: cuanto menor sea la cobertura de hogares y empresas, mayor será la demanda social y política para que el Estado participe en la reconstrucción de patrimonio privado.

VI. La desigualdad también se mide después del huracán

Un mismo fenómeno no produce las mismas consecuencias financieras en todo México. La capacidad de recuperación depende de infraestructura, ingreso, aseguramiento y fortaleza fiscal local.

El Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030 reconoce el problema de manera explícita al incorporar como uno de sus tres objetivos promover la constitución de fondos estatales para prevención y atención de emergencias y desastres.

Que el programa federal tenga que promover su creación implica que la arquitectura subnacional todavía no es homogénea.

Algunas entidades mantienen seguros o reservas propias. Quintana Roo, por ejemplo, presupuestó para 2026 recursos específicos para contratar seguro catastrófico. Pero no existe evidencia pública homogénea que permita afirmar que las 32 entidades dispongan de reservas financieras comparables.

Para estados con bajos ingresos propios, un desastre de gran escala puede superar rápidamente su capacidad fiscal. Los municipios pequeños enfrentan una restricción todavía mayor.

El resultado es una paradoja: el fenómeno puede ser local, pero la reconstrucción termina nacionalizándose presupuestariamente.

VII. Prevenir sigue siendo más difícil de contabilizar que reconstruir

El PEF permite observar con claridad cuánto se reserva explícitamente para atender desastres, pero mucho menos cuánto invierte México en evitar las pérdidas.

Para 2026, el programa FONDEN tiene 19 mil 430 millones de pesos y FOPREDEN 246.7 millones. En el PPEF 2027 las cifras propuestas son 20 mil 57 millones y 254.6 millones, respectivamente.

Sería incorrecto decir que México gasta 79 pesos en reconstrucción por cada peso de prevención, porque ambos programas no abarcan la totalidad de esos conceptos. Drenaje, presas, mantenimiento, infraestructura resiliente, ordenamiento territorial, monitoreo, alertamiento y adaptación climática están dispersos en otros presupuestos.

Pero esa misma dispersión constituye un problema para evaluar la política pública: México puede identificar con relativa facilidad cuánto dinero reserva para reaccionar; resulta mucho más difícil construir una cuenta consolidada que permita conocer cuánto invierte para reducir previamente la pérdida esperada.

CENAPRED reportó que entre 2000 y 2024 los desastres dejaron más de 710 mil millones de pesos en daños y pérdidas. Los tres picos recientes ilustran el riesgo: 92 mil 372 millones en 2010, 88 mil 440 millones en 2017 y 89 mil 910 millones en 2023.

VIII. El cambio climático aumenta el problema financiero

No es científicamente correcto atribuir automáticamente cada huracán al cambio climático. Sí existe evidencia suficiente para afirmar que océanos más cálidos pueden proporcionar mayor energía a los ciclones, que el aumento del nivel del mar agrava las marejadas y que una atmósfera más cálida puede contener mayor humedad y favorecer precipitaciones extremas.

Pero el costo futuro no depende solamente del clima. Depende también de cuánto patrimonio coloque México en zonas expuestas.

El Banco Mundial calcula que más de 40% del territorio mexicano y casi una tercera parte de la población están expuestos a huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos y erupciones volcánicas. En términos económicos, aproximadamente 30% del PIB se encuentra expuesto a tres o más amenazas y más de 70% a dos o más.

La pregunta financiera, por tanto, no es únicamente si habrá fenómenos más intensos. Es si el valor de viviendas, hoteles, carreteras, puertos, empresas y servicios colocados en territorios vulnerables crecerá más rápido que la capacidad de asegurarlos, prevenir pérdidas y financiar su reconstrucción.

IX. Quién paga

X. Lo que otros países hacen distinto

No existe un modelo internacional único. Nueva Zelanda ofrece una diferencia especialmente relevante: mantiene un Natural Hazard Fund financiado mediante un gravamen incorporado al seguro de vivienda. El esquema proporciona una primera capa pública de aseguramiento residencial y utiliza además reaseguro y otros mecanismos de transferencia de riesgo.

La diferencia conceptual es importante. En México una gran parte del patrimonio habitacional permanece fuera del mercado asegurador y puede terminar generando demandas de apoyo después del desastre. Nueva Zelanda vincula el aseguramiento privado de la vivienda con una primera capa nacional de cobertura contra amenazas naturales.

La lección no consiste en copiar mecánicamente el modelo. Consiste en distribuir ex ante una mayor proporción del riesgo entre propietarios, aseguradoras, reservas y Estado, en lugar de decidir ex post cuánto puede aportar el presupuesto.

XI. ¿Por qué esto te afecta?

XII. La verdadera prueba: dos desastres en el mismo año

La arquitectura funciona mejor cuando los eventos pueden distribuirse entre distintas capas. Se vuelve más vulnerable cuando varias pérdidas severas coinciden en un mismo ejercicio.

El presupuesto del programa FONDEN es anual. Las pólizas tienen límites. Los bonos catastróficos están segmentados por peligro y región y su principal puede reducirse después de una activación. Los estados tienen capacidades fiscales desiguales.

Dos catástrofes suficientemente grandes no implicarían automáticamente una crisis de las finanzas públicas mexicanas, pero sí aumentarían la probabilidad de que el Gobierno tuviera que movilizar recursos adicionales fuera de las provisiones inicialmente presupuestadas.

Ahí aparece el costo de oportunidad: el desastre no sólo cuesta lo que se destruyó. También cuesta aquello que el Gobierno podría dejar de financiar, posponer o reasignar para reconstruirlo.

XIII. Qué debemos vigilar

• La aprobación definitiva del PEF 2027 y si permanecen los 20 mil 57 millones propuestos para FONDEN y 254.6 millones para FOPREDEN.
• La publicación íntegra de condiciones, prima y parámetros del Seguro para Catástrofes 2026-2027.
• Cualquier activación de los bonos catastróficos vigentes hasta abril de 2028 y el principal que permanezca después de un eventual pago.
• La creación efectiva de fondos estatales prevista por el Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030.
• La construcción de una contabilidad pública que permita comparar inversión preventiva con gasto posterior de reconstrucción.

XIV. La respuesta: México puede pagar la emergencia; reconstruir es otra cosa

México no enfrenta el siguiente desastre sin protección financiera. Tiene un programa presupuestario de casi 20 mil millones de pesos en 2026; un Seguro para Catástrofes por 10 mil 400 millones; seguros patrimoniales; y 595 millones de dólares de protección mediante bonos catastróficos segmentados entre terremotos y huracanes del Atlántico y Pacífico.

Es una arquitectura diversificada y varias de sus piezas permiten obtener liquidez sin esperar a conocer el costo completo del desastre.

Pero tampoco constituye una garantía de reconstrucción total.

La propia estimación de Hacienda para 2027 coloca en 62.1 mil millones de pesos las pérdidas de sectores prioritarios asociadas a un evento con probabilidad anual de 1%. Frente a esa magnitud, el programa presupuestario ordinario representa aproximadamente una tercera parte. Los seguros y bonos reducen la brecha, pero solamente cuando el fenómeno, el activo o el parámetro correspondiente están cubiertos.

La vulnerabilidad empieza exactamente ahí: cuando el daño supera las capas previamente financiadas.

Entonces el riesgo vuelve al Estado; del Estado pasa parcialmente a los gobiernos locales; del sector público pasa a empresas y familias cuando sus activos no están asegurados. En un país donde sólo alrededor de una cuarta parte de las viviendas cuenta con algún seguro y apenas 6.5% está protegido voluntariamente, esa última capa puede ser enorme.

La extinción del fideicomiso FONDEN modificó una pieza importante: México dejó de mantener bajo aquel mecanismo una reserva multianual acumulable y pasó a depender más directamente de provisiones presupuestarias anuales combinadas con instrumentos de transferencia de riesgo. Pero seguros y bonos catastróficos no nacieron con ese cambio; México los utilizaba desde mucho antes.

La pregunta decisiva tampoco es si existen 10 mil, 20 mil o 595 millones de dólares disponibles. Es cuánto riesgo queda después de aplicar cada instrumento.

Para eventos frecuentes y de severidad moderada, el presupuesto ordinario y las primeras capas parecen proporcionar capacidad significativa de respuesta. Para una catástrofe extrema, el sistema puede proporcionar liquidez y amortiguar el golpe fiscal, pero no elimina la necesidad de movilizar recursos públicos adicionales. Y si dos grandes desastres coincidieran en un mismo ejercicio, la presión aumentaría porque algunas coberturas tienen límites, parámetros y capital finito.

El principal punto débil, por tanto, no es la inexistencia de instrumentos financieros. Es la dimensión del riesgo que permanece sin transferir: infraestructura no cubierta, gobiernos locales fiscalmente débiles, baja penetración de seguros privados y una política de prevención cuyo esfuerzo financiero total todavía resulta difícil de identificar y evaluar.

El siguiente desastre no comenzará preguntando si México tiene FONDEN.

La pregunta será mucho más concreta: cuánto destruyó, qué capa se activa primero, cuánto paga, cuánto queda fuera y quién tiene patrimonio suficiente para absorber la diferencia.

Y cuando esa diferencia sea demasiado grande, terminará llegando al mismo lugar: al presupuesto público y al bolsillo de quienes no estaban asegurados.

Fuentes consultadas

© El Comentario del Día · Todos los derechos reservados · Contenido exclusivo para suscriptores