La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que la industria audiovisual del país alcanzó una derrama económica acumulada de 150 mil millones de pesos tras la implementación del decreto presidencial destinado al fortalecimiento de la producción cinematográfica nacional. La titular de la dependencia federal presentó el balance oficial de resultados, destacando que el instrumento normativo promulgado por el Ejecutivo Federal transformó los esquemas de financiamiento público, estimuló la inversión privada y consolidó la creación de empleo especializado en todas las fases de la cadena de valor de la industria audiovisual.
El reporte institucional detalla que el monto total generado abarca la inversión directa en producciones cinematográficas, la contratación de servicios técnicos especializados, la derrama económica en hospedaje y transporte, así como el pago de salarios a personal técnico y creativo en diversas entidades de la República Mexicana. De acuerdo con las cifras oficiales, el mecanismo legal permitió optimizar la aplicación de los incentivos fiscales existentes, al tiempo que garantizó una distribución equitativa de los recursos públicos hacia proyectos independientes y producciones regionales fuera de los grandes centros urbanos tradicionales.
Uno de los pilares del crecimiento reportado por la dependencia radica en el incremento significativo en el volumen de largometrajes y series filmadas en territorio nacional. Durante el periodo de aplicación de la medida gubernamental, la producción anual de cine mexicano mostró un repunte constante en comparación con los ejercicios fiscales anteriores, registrando un aumento en la cuota de pantalla en salas comerciales y en la presencia de títulos nacionales dentro de los catálogos de plataformas digitales de alcance global.
La aplicación del cine mexicano decreto presidencial impulsó también el fortalecimiento de la infraestructura cinematográfica pública y el equipamiento tecnológico de los estudios de filmación estatales. Representantes del sector productivo y asociaciones de cineastas destacaron que las reglas de operación establecidas en la normativa otorgaron mayor certeza jurídica a las casas productoras internacionales que eligen a México como destino para la realización de rodajes de gran presupuesto, aprovechando la calidad del personal técnico local y la diversidad de locaciones naturales y urbanas.
En el ámbito social, la derrama de 150 mil millones de pesos repercutió directamente en la generación de puestos de trabajo directos e indirectos dentro del sector de servicios, benefiando a profesionales de la fotografía, el diseño de producción, la edición de sonido, el vestuario y la gastronomía asociada a los rodajes. Asimismo, las autoridades resaltaron que el decreto incluyó cláusulas específicas para promover la equidad de género en los equipos de producción y la salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores de la industria cinematográfica.
La Secretaría de Cultura señaló que continuará coordinando mesas de trabajo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y el Instituto Mexicano de Cinematografía para dar seguimiento al impacto económico del sector durante los próximos ciclos presupuestales. El organismo público prevé publicar el informe anual consolidado con el desglose por estados durante la siguiente sesión del Consejo Consultivo de la Industria Audiovisual.
