A pesar de la política de austeridad y consolidación fiscal, el monto que el sector público destina a las prestaciones de los servidores públicos en México ha experimentado un crecimiento constante. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan que entre 2018 y 2024, el presupuesto para estas prestaciones se incrementó de 393,154 millones a más de 574,737 millones de pesos, lo que representa un aumento nominal del 46%, superior a la inflación acumulada en el mismo periodo.
Los datos de Hacienda señalan que el menor porcentaje del gasto total destinado a prestaciones se registró en 2021 y 2022, como resultado de la política de austeridad y los efectos de la pandemia. Sin embargo, esta proporción aumentó nuevamente en 2023 y 2024. Este incremento en el gasto en prestaciones se da en un contexto de una ligera disminución en el número de instituciones de la Administración Pública Federal, aunque el número total de burócratas se mantuvo relativamente estable.
Entre las prestaciones que absorben la mayor cantidad de recursos públicos se encuentran el aguinaldo, los apoyos para la economía familiar, las aportaciones al IMSS, la prima vacacional y dominical, así como bonos por puntualidad y asistencia. También se incluyen apoyos para salud visual y auditiva, reconocimientos por años de servicio y diversas ayudas económicas. Expertos sugieren analizar la productividad de algunas de estas prestaciones y la distribución de los recursos, considerando la posibilidad de reorientar el gasto hacia áreas más prioritarias.
El pago de estas prestaciones se concentra principalmente en instituciones como el IMSS, la Secretaría de Educación Pública, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el último trimestre de 2024, el primero bajo la administración de Claudia Sheinbaum, el gasto en prestaciones para los burócratas alcanzó el nivel más alto registrado en periodos similares desde 2018.
