La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de elevar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, pasando del 25% al 50%, ha generado una seria preocupación en las industrias siderúrgica y minera mexicanas. Esta medida, implementada el 4 de junio por el presidente Donald Trump, representa un golpe significativo para la economía de México, país que exporta aproximadamente el 80% de su producción de acero al mercado estadounidense. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) ha alertado que el 75% de estas exportaciones, valoradas en más de 2,100 millones de dólares, están en riesgo, amenazando miles de empleos e inversiones cruciales.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hasta el 4.7% de las exportaciones mexicanas de acero a Estados Unidos podrían verse afectadas, lo que inevitablemente repercutirá en la rentabilidad y competitividad de las empresas mineras nacionales. Zulma Herrera, socia y CEO de Mynotauro Co., ha señalado que esta decisión no solo podría frenar la inversión en infraestructura y la producción minera, sino que también impactaría directamente a la siderurgia, un sector industrial estratégico para México. Herrera enfatiza que este desafío va más allá de lo comercial, urgiendo a México a acelerar la diversificación de sus mercados y fortalecer su competitividad industrial para reducir su vulnerabilidad frente a las políticas de su principal socio comercial.
La industria siderúrgica mexicana es un motor económico vital, posicionándose como el decimocuarto productor mundial de acero y generando más de 683,000 empleos directos e indirectos. Solo en 2022, el sector atrajo inversiones acumuladas por 14,100 millones de dólares, lo que subraya su importancia. La integración de esta industria en el ecosistema manufacturero regional de Norteamérica es profunda, con insumos que cruzan la frontera varias veces antes de convertirse en productos terminados. Esto significa que las exportaciones de acero mexicano no solo son materia prima, sino que añaden valor a la cadena de suministro compartida y sostienen cerca de 40,000 empleos directos en Estados Unidos, según el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo (CIDE).
Estados como Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila, con producciones superiores al millón de toneladas anuales, serían los más afectados por esta medida. La incertidumbre generada podría paralizar proyectos mineros y de infraestructura críticos, comprometiendo la posición de México como proveedor de minerales estratégicos para la transición energética global. Con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para la segunda mitad del año, este aumento arancelario se convierte en un punto de presión significativo. Zulma Herrera concluye que, aunque el escenario es complejo, esta crisis también ofrece una oportunidad para que México diversifique su industria y fortalezca sectores clave como la construcción, la minería y la infraestructura energética, reinventándose como un centro de manufactura con talento, infraestructura y recursos para modernizar su cadena productiva.
