El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro ha propuesto una nueva reforma tributaria con el objetivo de recaudar 26 billones de pesos. La administración defiende la medida como necesaria para financiar programas sociales y reducir la profunda desigualdad del país. El plan busca aumentar la recaudación a través de impuestos a los patrimonios más altos, y con nuevos gravámenes sobre productos considerados «dañinos» para la salud, como las bebidas azucaradas, y sobre las exportaciones de petróleo y carbón.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte oposición y escepticismo. Los críticos argumentan que, a pesar de las intenciones del gobierno, el plan podría tener consecuencias negativas para la economía. La reforma incluiría un aumento del IVA sobre productos de consumo masivo y nuevos impuestos a la gasolina, lo que afectaría directamente el costo de vida de las familias de ingresos más bajos. La oposición considera que estas medidas podrían generar un efecto cascada sobre los precios, lo que perjudicaría a los ciudadanos que la reforma pretende ayudar.
El debate se intensifica debido a que la reforma se propone en un año electoral, lo que añade una capa de complejidad política a la discusión económica. La administración de Petro sostiene que la reforma es una pieza fundamental para su agenda de cambio. Sin embargo, los críticos señalan que su implementación en este momento podría ser contraproducente, ya que podría desacelerar aún más la actividad económica y generar mayor descontento social. El destino de la reforma está ahora en manos del congreso, que deberá sopesar los beneficios sociales frente a los posibles impactos económicos.
