La Asociación de Bancos de México (ABM) ha descartado solicitar una nueva prórroga al gobierno de Estados Unidos para los bancos mexicanos señalados por presunto lavado de dinero. La decisión, anunciada por el presidente de la ABM, Emilio Romano, se produce a pocas semanas de que las sanciones entren en vigor el 20 de octubre. El sector bancario mexicano está optando por la vía del mercado para resolver la situación.
Esta postura de la ABM acelera la reestructuración y la consolidación del sistema financiero mexicano. Ante la amenaza de las sanciones del Tesoro estadounidense, los bancos señalados, como Intercam, CI Banco y Vector, han vendido partes clave de sus negocios a otras entidades con mejor liquidez y reputación. Por ejemplo, Kapital adquirió la operadora de fondos de Intercam, y Coppel se hizo con la cartera automotriz de CI Banco. Romano calificó este proceso como una «solución muy de mercado, muy natural».
El caso es un claro ejemplo de cómo la regulación extranjera puede forzar cambios estructurales en la economía mexicana. Aunque la ABM insiste en que el sistema bancario es «sólido a nivel global», la presión del gobierno de EE.UU. por el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero ha obligado a las instituciones a actuar con rapidez. La venta de activos y la consolidación del sector buscan blindar al sistema de cualquier riesgo sistémico.
