El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, ha confirmado que el gobierno está estudiando la viabilidad de eliminar las tarifas del transporte público a nivel nacional. La iniciativa, que busca beneficiar a los ciudadanos de bajos ingresos y fomentar el uso del transporte público, es una medida de alto impacto social. Sin embargo, su aplicación representa un desafío fiscal monumental para el país, ya que el costo de subsidiar el servicio es de miles de millones de reales, lo que obligaría al gobierno a encontrar nuevas fuentes de ingresos o a aumentar los impuestos existentes.
El debate se centra en el costo-beneficio de la medida. Los defensores del transporte público gratuito argumentan que podría generar un ahorro significativo para los hogares de bajos ingresos, lo que aumentaría su poder adquisitivo y estimularía el consumo. Además, la medida podría reducir la congestión del tráfico, la contaminación y los accidentes, lo que tendría un impacto positivo en la economía. No obstante, los críticos advierten que el alto costo de la medida, que se estima en más de 50 mil millones de reales anuales, podría desestabilizar las finanzas públicas y generar una crisis fiscal.
La situación es un recordatorio de que en la economía, las decisiones sociales tienen un costo financiero. El plan del gobierno brasileño es audaz, pero su éxito dependerá de si se puede financiar el servicio sin comprometer la disciplina fiscal.
