La iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) ha generado una fuerte preocupación en el sector privado de México. Líderes empresariales advierten que los cambios propuestos en la Miscelánea Fiscal 2026 podrían vulnerar los derechos de los contribuyentes y socavar la certeza jurídica, un factor clave para la inversión. La principal preocupación se centra en las nuevas facultades de fiscalización que la reforma otorgaría a las autoridades, lo que podría traducirse en un ambiente de mayor incertidumbre para las empresas.
El gobierno ha defendido la reforma como una medida necesaria para combatir la evasión fiscal y aumentar la recaudación, argumentando que es crucial para financiar los programas sociales y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, el sector privado argumenta que el gobierno debe buscar un equilibrio entre la fiscalización y la protección de los contribuyentes. Una regulación excesivamente estricta, que no respete los derechos de los contribuyentes, podría desalentar la inversión y el crecimiento económico.
La situación es un recordatorio de que en la economía mexicana, la ley y el comercio están estrechamente interconectados. La falta de un consenso entre el sector público y el privado sobre la reforma fiscal podría tener un impacto negativo en la economía. La aprobación de una ley que sea justa y transparente es un paso fundamental para garantizar la confianza de los inversionistas y el crecimiento económico a largo plazo.
