El Gobierno marroquí ha reafirmado su compromiso de priorizar la inversión social en su Proyecto de Ley de Finanzas 2026, destinando recursos críticos a la salud y la educación para reforzar su «Estado social». Este enfoque forma parte de una estrategia estructural a largo plazo, lanzada por el Rey Mohammed VI en 2021, que busca la generalización de la protección social para todos los ciudadanos.
Las cifras de inversión en estos sectores son significativas: entre 2020 y 2024, el presupuesto de sanidad aumentó un 65% y el de educación un 33%, destinados a cubrir a millones de familias. Además, la Ley de Finanzas 2026 subraya la necesidad de consolidar otros sectores productivos, incentivar la inversión privada y ejecutar proyectos relacionados con la soberanía industrial, hídrica y energética.
Sin embargo, esta ambiciosa expansión del gasto público introduce una tensión fiscal crítica. Marruecos se ha comprometido a reducir el déficit público al 3% del PIB en 2026 (frente al 4% en 2024) y a disminuir su deuda pública por debajo del 70%, a pesar del considerable aumento del gasto social (que asciende a unos 8.300 millones de euros en medidas sociales).
Los analistas señalan que la sostenibilidad de este equilibrio precario depende de manera crucial del éxito de la reforma fiscal implementada. El incremento anual de los ingresos fiscales, resultado del ajuste del IVA y del Impuesto sobre Sociedades, debe compensar el aumento del gasto sin socavar el crecimiento, que se espera que se desacelere al 4% en 2026 debido a las incertidumbres del comercio global. Si las reformas fiscales y el crecimiento no cumplen las expectativas, el compromiso social podría comprometer la disciplina fiscal o, alternativamente, verse amenazado.
