El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha denunciado públicamente la existencia de presiones directas de una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, que habrían incluido la amenaza de retirar visas a funcionarios y civiles panameños. Esta coacción tiene como objetivo forzar a Panamá a reducir la influencia económica y geopolítica de China en el país, particularmente en las operaciones del Canal.
Mulino calificó estas tácticas como incoherentes con una buena relación bilateral y rechazó el uso de la amenaza migratoria como herramienta diplomática. La disputa se centra en el Canal de Panamá, por donde transita cerca del 5% del comercio mundial. La administración estadounidense ha acusado reiteradamente a Panamá de violar los acuerdos al permitir una supuesta injerencia china en los puertos y la ruta interoceánica, una acusación que Panamá niega rotundamente, reafirmando la soberanía panameña sobre la vía.
El contexto económico es crítico: el Canal aporta anualmente miles de millones de dólares al Estado panameño. La tensión obliga a Panamá a caminar sobre una línea muy fina, ya que China es un usuario clave de la vía y ha realizado importantes inversiones logísticas y comerciales en la región, las cuales benefician a la economía local. Mulino ha optado por un pragmatismo neutral, buscando evitar ser arrastrado a la «pelea de grandes», aunque la presión de Washington ya ha forzado a Panamá a no renovar acuerdos con Pekín, como el memorando en el marco de la Ruta de la Seda.
Las amenazas de EE. UU. y las advertencias de China sobre posibles repercusiones económicas por este distanciamiento ponen en jaque el pilar económico y estratégico de Panamá, quien busca proteger sus intereses nacionales sin ceder el control de su patrimonio más valioso.
