Brasil ha comenzado los preparativos para albergar la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) en Belém, en el corazón de la Amazonía, un evento crucial programado para noviembre de 2025. La cumbre se lleva a cabo en un contexto de fragmentación geopolítica, donde las tensiones comerciales y los conflictos globales amenazan con desviar la atención y los recursos financieros de la agenda climática.
La estrategia de Brasil, anunciada por el Ministerio de Hacienda, busca activamente integrar las finanzas climáticas en la macroeconomía global. El país planea presentar una serie de instrumentos financieros innovadores destinados a movilizar $1.3 billones de dólares de inversión privada hacia proyectos de bajas emisiones de carbono, poniendo un fuerte énfasis en la economía verde y la lucha contra la deforestación.
Desde una perspectiva crítica, la elección de Belém subraya el compromiso del gobierno brasileño con la conservación forestal como pilar de su estrategia climática. Sin embargo, la COP30 enfrenta el doble desafío de asegurar compromisos concretos para limitar el calentamiento global a 1.5°C y de garantizar que la financiación llegue a las comunidades vulnerables y a los esfuerzos de adaptación, no solo a la mitigación.
La Presidencia de la COP30 está urgiendo a los países a coordinar las acciones climáticas en foros clave como el G20 y el FMI, para asegurar que las políticas económicas globales sean coherentes con los objetivos de sostenibilidad. El resultado de la cumbre, más allá de la retórica, se medirá en la capacidad de los países de traducir los compromisos en flujos de capital verificables y a la velocidad necesaria para contener la crisis.
