El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) aprobó un aumento de $1.50 pesos a la tarifa del transporte público concesionado (microbuses, vagonetas y autobuses de ruta), elevando el costo base del pasaje a $7.50 pesos por los primeros cinco kilómetros. Esta medida, negociada con los transportistas, ha generado un fuerte malestar social y un impacto económico directo en los hogares de menores ingresos.
Desde una perspectiva económica y crítica, el aumento, aunque limitado a las rutas concesionadas (quedando exentos Metro y Metrobús), es regresivo y golpea desproporcionadamente a la población que vive con el salario mínimo. Para una persona que utiliza dos unidades de transporte por día, el incremento representa un gasto adicional de entre $30 y $45 pesos mensuales. En un contexto donde la inflación ha encarecido los productos básicos y el salario sigue siendo insuficiente, este incremento erosiona la capacidad de compra de las familias.
La justificación oficial para el alza se centra en el aumento de los costos operativos (combustibles e inflación) y la promesa de una mejora en la calidad y seguridad del servicio. Sin embargo, la crítica fundamental es que este aumento se cobra sin que exista una modernización verificable de la flota, ni una garantía de que se acabarán los abusos y las malas prácticas de los concesionarios (como no respetar las paradas o no portar uniforme).
El acuerdo obliga a los transportistas a cumplir con una serie de condiciones (GPS, limpieza y capacitación), pero la experiencia histórica sugiere que los beneficios del aumento tarifario rara vez se traducen en una mejora sustancial para el usuario.
