El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del PEF 2026 con 358 votos a favor y 133 en contra. El monto aprobado asciende a más de 10 billones de pesos, lo cual representa un aumento real cercano al 5.9 % respecto al ejercicio de 2025.
Aunque el bloque oficialista define el presupuesto como un “gasto histórico” que prioriza el bienestar social, la oposición ha denunciado recortes importantes en rubros sensibles como la seguridad pública, salud y desarrollo rural. Uno de los puntos más polémicos es la reducción de aproximadamente 10 000 millones de pesos para la seguridad pública y una caída del 0.7 % real en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, según legisladores panistas.
En materia de salud, el dictamen indica un incremento de recursos frente a 2025, pero los críticos afirman que esto oculta recortes por dentro de programas clave de prevención y atención en territorios vulnerables. Además, se espera la presentación de hasta 2 000 reservas y reasignaciones por más de 17 000 millones de pesos, las cuales podrían afectar órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral o el Poder Judicial de la Federación.
En suma, la aprobación del presupuesto marca un adelanto legislativo importante, pero el debate revela tensiones profundas: ¿se refuerzan las instituciones y la seguridad ciudadana o se prioriza el gasto social sin cuidar la operatividad del Estado? La diferencia podría definir si este presupuesto se traduce en un impacto real para la ciudadanía o en promesas formales con lagunas operativas.
