Geopolítica y Comercio
Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos escuchó los argumentos orales relacionados con las impugnaciones a la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, conocida por sus siglas en inglés como la IEEPA. Por una parte, un grupo de 12 procuradores estatales y otro de pequeñas empresas argumentaron que el presidente no puede aplicar aranceles invocando esta ley, lo que ha generado, entre otras cosas, tal aumento en el precio de los productos que venden estas compañías que ha hecho que su demanda prácticamente desaparezca, lo que las tiene al borde de la quiebra.
La postura del gobierno es que en tanto la IEEPA permite “regular importaciones”, el presidente puede aplicar aranceles como una medida regulatoria del comercio. Hasta la fecha, tanto el Tribunal de Comercio Internacional, como una corte de apelaciones en la ciudad de Washington, dieron la razón a los demandantes, argumentando, entre otras cosas, que la emergencia que debería existir para invocar la IEEPA no existe y que en los 48 años de existencia de la ley ésta nunca ha sido utilizada para la aplicación de aranceles.
Trump ha tratado de extender el poder y la autoridad de la Casa Blanca como ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos, incluso invadiendo áreas – como el comercio internacional – que son atribuciones del congreso de acuerdo con la propia constitución, sin que hasta la fecha haya habido una respuesta acorde del Capitolio, en buena parte por la pequeña mayoría que los republicanos tienen en ambas cámaras. Además, confía en que la Suprema Corte fallará a su favor en tanto que la mayoría de los jueces que hoy en día son parte de ese tribunal fueron nominados por él, durante su primer periodo de gobierno, o por otros presidentes republicanos.
La corte aceptó en septiembre revisar el caso de manera expedita y emitir su fallo antes de que termine el año, el que tendrá implicaciones tanto a nivel nacional como internacional, pues puede afectar la principal herramienta que ha usado Trump desde su toma de posesión para presionar al resto del mundo. En caso de fallar a favor del gobierno, la Suprema Corte establecería un precedente muy peligroso que afectaría la división de poderes y le daría al presidente prácticamente carta blanca para tomar y aplicar cualquier decisión relacionada con política exterior y doméstica sin considerar al congreso.
En caso de que la Suprema Corte ratifique la decisión de los otros tribunales, Estados Unidos tendría que quitar los aranceles implementados desde febrero en base a la IEEPA, estos son, los aranceles por fentanilo aplicados a China y a los productos procedentes de México y Canadá que no cumplen con las reglas de origen del TMEC, así como los llamados aranceles “recíprocos” aplicados a más de 90 países desde abril. Trump argumentó primero la existencia de una “emergencia nacional de seguridad” por el comercio ilegal de fentanilo procedente de esos tres países y posteriormente dijo que el déficit en balanza comercial estaba generando otra “emergencia” que era necesario atender, aunque nunca explicó sus consecuencias.
El gobierno tendría entonces que rembolsar el costo de los aranceles cobrados en base a la IEEPA y permanecerían vigentes los aplicados de acuerdo con las investigaciones derivadas de la sección 232 de la Ley de Comercio, como el del acero, aluminio y cobre. De acuerdo con Customs and Border Protection, la dependencia encargada de cobrar los aranceles, hasta el 3 de noviembre se habían recaudado 224,700 millones de dólares, 142,800 millones más que hace un año, pero menos de lo prometido por Trump.
Trump sabe que no hay garantías de que gane este caso y por ello ha estado presionando personalmente, y a través de los secretarios del Tesoro y de Comercio, con declaraciones como que un fallo en contra significaría la ruina del país. Aunque si lo pierde podrá seguir aplicando aranceles en base a la Ley de Comercio, una vez que el Departamento de Comercio haga las investigaciones requeridas por la propia ley, no de manera inmediata como hasta ahora. En ese caso, tendría que justificar claramente la existencia de cualquier emergencia.
Pero si pierde, México y Canadá iniciarían la renegociación del TMEC en una posición más favorable, el mercado tendría la certeza que se acabarían los anuncios intempestivos de nuevos aranceles, las empresas podrían realizar una mejor planeación y el mercado respiraría con más tranquilidad. Lo que es la independencia del poder judicial.
