La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una advertencia sobre el impacto que podrían tener los incrementos al Impuesto Sobre Nómina (ISN) y la creación de nuevos gravámenes locales en la competitividad regional, la operación de las empresas y la generación de empleo formal. De acuerdo con un comunicado del organismo, al menos 16 estados registran presiones fiscales adicionales en el marco de la discusión de los Paquetes Fiscales 2026.
Coparmex identifica dos bloques de entidades. En Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Yucatán se han planteado o aprobado incrementos directos al ISN, con ajustes de tasas que pasan de 2% a 3% o de 3% a 4%, elevando de forma significativa el costo de la nómina y, por tanto, del empleo formal. En un segundo grupo —Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz— no se modifica la tasa del ISN, pero sí se introducen nuevos derechos, aumentos al predial, cargas sectoriales y mayores requisitos administrativos que implican un entorno fiscal más pesado para las empresas.
El organismo empresarial subraya que estos cambios se dan en un contexto de presión financiera en las entidades federativas, derivada de recortes en las transferencias federales y de mayores responsabilidades asumidas por los gobiernos estatales. Ante la caída de ingresos y el incremento de obligaciones, las autoridades locales han recurrido a nuevas fuentes de recaudación, principalmente mediante la creación de impuestos o el aumento de los ya existentes. Sin embargo, Coparmex advierte un patrón de mayores cargas sin evaluación previa de la eficiencia del gasto ni del efecto económico sobre inversión, productividad y empleo.
En el caso del ISN, el comunicado destaca que este impuesto incide de forma directa en la contratación formal. El ejemplo de Nuevo León ilustra el potencial impacto: estudios citados por el Centro Empresarial señalan que un alza al ISN afectaría al 94.2% de las MiPyMEs, con un incremento promedio de 6.6% en sus costos. Prácticamente la mitad de estas empresas se vería obligada a subir precios, detener inversiones o reducir contrataciones, generando presiones sobre la creación de empleo y sobre la capacidad de competir frente a otras regiones o países.
Coparmex también menciona casos como Ahome, Sinaloa, donde el predial podría elevarse de 2.5% hasta 4% según el valor del inmueble, aumentando la carga municipal; y Quintana Roo, donde, aunque la tasa del ISN no cambia, existen nuevos derechos como el VISITAX y obligaciones regulatorias que inciden en el sector turístico y empresarial. Estas decisiones se suman a una mayor fiscalización, trámites complejos y costos adicionales en seguridad, salud, transporte e infraestructura que las empresas han debido asumir en los últimos años.
Desde la óptica empresarial, el riesgo va más allá de los balances corporativos. Coparmex sostiene que encarecer la formalidad puede empujar a negocios vulnerables hacia la informalidad, donde pierden los gobiernos —por menor recaudación y capacidad de regulación—, las empresas —por falta de acceso a financiamiento y programas de apoyo— y los trabajadores —por ausencia de seguridad social, vivienda y retiro digno—. Al mismo tiempo, advierte que colocar a estados con tasas de ISN por encima de 3% los deja en desventaja frente a otras entidades que compiten por atraer inversión bajo el marco del T-MEC y del proceso de relocalización de cadenas de suministro.
Por ello, el organismo llama a los congresos estatales a que las discusiones fiscales prioricen eficiencia administrativa, transparencia verificable y disciplina en el gasto, antes de recurrir a nuevos impuestos o incrementos. Propone ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la rendición de cuentas y orientar los recursos hacia infraestructura de largo plazo, servicios públicos de calidad y proyectos estratégicos que mejoren productividad y bienestar. Proteger la competitividad y el empleo formal, concluye Coparmex, no es solo una agenda empresarial, sino una condición para la estabilidad económica y social de las regiones y del país.
