El debate sobre la próxima reforma electoral en México ya tiene uno de sus temas más delicados: la posibilidad de hacer efectivo el voto obligatorio para combatir el abstencionismo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que se revisa una propuesta para fortalecer la participación ciudadana mediante la actualización del marco legal que regula el sufragio.
Monreal explicó que se trabaja con la Comisión Electoral en revisar “cómo logramos que haya participación ciudadana y que no haya tanta ausencia” en las urnas. El objetivo central, de acuerdo con un documento elaborado por el propio legislador, es encontrar mecanismos legales que incentiven una mayor participación y reduzcan los niveles de abstención registrados en elecciones recientes.
En México, el voto ya es derecho y obligación constitucional. Los artículos 35, 36 y 38 de la Constitución establecen que votar es un deber del ciudadano. Sin embargo, en la práctica no hay sanciones efectivas para quienes no participan, por lo que se le trata más como un “deber moral” que como una obligación exigible. Actualmente no existen multas ni restricciones administrativas por no acudir a las casillas, lo que coloca al país en el grupo de naciones con voto obligatorio sin sanción, junto con Costa Rica, Honduras y Panamá.
El contraste es claro frente a otros países de la región. En naciones como Perú y Bolivia, no votar puede tener consecuencias administrativas concretas, como la imposibilidad de realizar trámites bancarios, cobrar cheques o tramitar un pasaporte. La discusión en México gira precisamente en torno a si debe avanzarse hacia un modelo donde la obligación tenga consecuencias tangibles, ya sea a través de sanciones o de incentivos, para que el voto obligatorio deje de ser una figura meramente declarativa.
Monreal ha subrayado que, desde el punto de vista jurídico, no sería necesaria una reforma constitucional para hacer efectivo el voto obligatorio. Bastaría con aprobar una legislación reglamentaria que dé contenido operativo a los artículos 36 y 38, establezca procedimientos administrativos y defina quién y cómo vigilaría el cumplimiento de la obligación. En este punto, recordó que existe jurisprudencia de la Suprema Corte que impide aplicar la sanción prevista en la Constitución mientras no exista esa ley secundaria.
Pese a ello, el propio coordinador de Morena marcó matices. Señaló que “nunca ha funcionado la cohesión con sanciones” y rechazó copiar modelos europeos que imponen castigos directos por no votar. La discusión, afirmó, sigue abierta y forma parte de un paquete más amplio de cambios que incluye la conformación del Congreso —con la posible reducción del número de legisladores—, la integración del órgano electoral y el método de designación de consejeros, el sistema de partidos y la periodicidad para evaluar nuevos registros, así como la reducción del financiamiento público y la figura de revocación de mandato.
Desde el punto de vista político e institucional, hacer efectivo el voto obligatorio podría modificar de manera importante la relación entre ciudadanía y sistema electoral. Un esquema con incentivos o sanciones podría elevar la participación y reforzar la legitimidad de los resultados, pero también abriría debates sobre el equilibrio entre derechos y obligaciones, y sobre el tipo de medidas aceptables en un régimen democrático.
Por ahora, la propuesta se mantiene en etapa de análisis dentro de la reforma electoral. Su futuro dependerá de los consensos que se construyan al interior de Morena, con sus partidos aliados y con la oposición. En el centro del debate está una pregunta de fondo: ¿cómo aumentar la participación en las urnas sin vulnerar libertades individuales ni reproducir modelos punitivos que generan más rechazo que compromiso democrático?
