El arranque de 2026 traerá un asunto con implicaciones directas para el mercado corporativo: la Suprema Corte discutirá un litigio fiscal que involucra a Telefónica Movistar por 4,442 millones de pesos. Más allá del monto, el caso se ha convertido en un factor que puede condicionar la salida y la venta de la operación en México, justo cuando la compañía española anunció su repliegue en América Latina con excepción de Brasil.
El expediente está calendarizado para discusión el jueves 8 de enero y se tramita como amparo en revisión 1172/2025, bajo ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo. El tema ya había sido listado en julio en la entonces Segunda Sala y, en su momento, se dejó en listas para que lo resolviera la nueva integración del máximo tribunal.
El conflicto se origina en una deducción de impuestos relacionada con una fusión realizada en 2014 por Pegaso PCS, S.A. de C.V., filial de Movistar en México. En 2019, el SAT determinó cobrar el crédito fiscal. La ruta legal ha sido sinuosa: en 2022, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la deuda; en 2023, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito falló a favor de Movistar y declaró la nulidad del crédito, lo que llevó a Hacienda a escalar el asunto a la Corte.
Para Telefónica, el impacto es eminentemente financiero y de transacción: un litigio de este tamaño, en la última instancia judicial, se traduce en incertidumbre sobre pasivos y en un elemento que puede afectar valuación, negociación y tiempos de una eventual venta. El tema tomó visibilidad política cuando la presidenta Claudia Sheinbaum pidió información sobre el caso para poder informarlo públicamente. En el plano procesal, el litigio también se cruzó con cambios institucionales: el asunto estaba programado para resolverse en junio, pero la sesión se detuvo tras la negativa de votar por parte de una ministra, lo que rompió el quórum; posteriormente, con la nueva ley, los pendientes de salas pasan a revisión del Pleno.
El caso de Movistar se inserta, además, en un entorno de acumulación de litigios fiscales en la Corte: se reportan alrededor de 106 casos tributarios pendientes, incluyendo un asunto de pago doble de IVA asociado a Samsung por un monto aproximado de 11,000 millones de pesos, además de otros relacionados por 5,000 millones.
En paralelo, Telefónica ha explicado que su salida de mercados como México, Venezuela y Chile forma parte de un plan para concentrarse en Europa (España, Alemania y Reino Unido) y Brasil, una estrategia que, señaló, venía planeándose desde 2019 con metas hacia 2030. En ese mismo repliegue, la empresa ha enfrentado frentes fiscales en la región, como el caso en Perú de su filial Integratel Perú, con un adeudo señalado de 4,838 millones de soles (equivalentes a 25,846 millones de pesos).
Con el calendario ya marcado, el fallo que se discuta en 2026 será clave por dos vías: por la recaudación y el precedente sobre deducciones vinculadas a reestructuras corporativas, y por el efecto inmediato en el valor y viabilidad de una desinversión relevante en el sector telecom en México.
