La reforma electoral que el Ejecutivo federal prevé enviar al Congreso en las próximas semanas ya tiene, al menos en el discurso legislativo, un calendario tentativo. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, delineó una hoja de ruta para discutir y aprobar los cambios a mediados de marzo, con la idea de que su implementación comience en junio y no choque con el arranque del proceso electoral 2026-2027, previsto para septiembre.
El planteamiento parte de un punto de presión: los tiempos institucionales. Monreal advirtió que, si la iniciativa no llega temprano, se complicará el análisis y la posibilidad de abrir foros o audiencias. Su escenario ideal es que la propuesta se presente en la primera quincena de enero (durante la Comisión Permanente), y que la cámara que reciba el proyecto arranque el trabajo formal a partir del 1 de febrero, con el inicio del periodo ordinario.
La ruta que anticipa Morena en San Lázaro
- Enero: diseño y redacción técnico-jurídica desde el Ejecutivo; posible presentación en la Comisión Permanente.
- 1 de febrero: arranque del análisis legislativo en el Congreso.
- Mediados de marzo: aprobación de la reforma constitucional.
- Después de marzo: envío a congresos locales para el aval del Constituyente Permanente (al menos la mitad más uno de legislaturas estatales) y cómputo de constitucionalidad.
- Mayo-junio: desarrollo y ajuste de leyes secundarias (incluso con la opción de un periodo extraordinario para esta etapa).
- Junio-julio: adecuaciones administrativas y reglamentarias, incluyendo la actualización de reglas internas del INE.
Qué implicaría en la práctica
Monreal subrayó que no se trata solo de tocar la Constitución: también vendrían cambios a la legislación electoral. Y eso abre dos frentes con impacto directo:
- Impacto presupuestario y de estructura institucional. Si la reforma incluye reducción de presupuestos, ajustes al modelo de representación (como la posible reducción de plurinominales) o cambios en instituciones, se requerirá una “alineación presupuestaria” y un cálculo de impacto económico.
- INE y nombramientos. En abril, la Cámara de Diputados debe designar a tres integrantes del Consejo General del INE que concluyen su encargo en 2026, salvo que la reforma modifique el mecanismo de nombramiento o renovación.
El mensaje político detrás del calendario es simple: llegar al arranque formal del proceso electoral de septiembre con reglas claras y sin reformas a contrarreloj. En términos institucionales, el reto es que una reforma constitucional exige doble pista: mayoría legislativa y aprobación estatal, además de tiempo para aterrizarla en normas secundarias y ajustes operativos.
