El INE decidió poner sobre la mesa un mensaje que, en política, suele incomodar y ordenar al mismo tiempo: antes de “reinventar” el sistema electoral, hay que reconocer dónde falló la operación real. Con esa lógica, envió al Poder Legislativo un diagnóstico técnico-institucional y un paquete de propuestas para ajustar el modelo electoral mexicano sin plantear una ruptura total. El objetivo declarado es cerrar vacíos legales, reducir espacios de discrecionalidad y reforzar la coherencia del entramado jurídico-electoral.
El contexto importa. Para el INE, los procesos 2023–2024 y 2024–2025 fueron un punto de quiebre por su complejidad. Primero, una elección federal y local concurrente en las 32 entidades, considerada la más grande en la historia del país. Después, un proceso extraordinario para elegir cargos del Poder Judicial, con reglas y necesidades operativas que no estaban previstas originalmente. Ese “doble experimento” dejó al descubierto tensiones normativas y retos logísticos: fiscalización, capacitación, cómputos, comunicación política y geografía electoral, entre otros.
A partir de esa experiencia, el instituto organizó su propuesta en diez ejes y la respaldó con un proceso interno descrito como participativo (con áreas técnicas, órganos desconcentrados, OPLE y partidos) y basado en evaluaciones, mesas interinstitucionales y revisión de prácticas.
Qué cambios empuja el INE
Entre los puntos más relevantes del documento destacan:
- Fiscalización más robusta, con un Sistema Nacional coordinado con autoridades como SAT, UIF, CNBV y ASF; fiscalización de propaganda digital y redes; y exigencia de que plataformas digitales tengan representación legal en México.
- Reglas para elecciones judiciales: lineamientos claros para debates, entrevistas, topes, gastos permitidos, procedimientos sancionadores y causales de nulidad.
- Acciones afirmativas: que sean irreductibles, con reglas de acreditación y sanciones —incluida la cancelación de candidaturas— ante simulación.
- Representación y geografía electoral: preservar la representación proporcional, revisar el límite de sobrerrepresentación y fijar plazos para el Marco Geográfico Electoral en comicios judiciales.
- Intervención de servidores públicos: fortalecer restricciones para proteger equidad; además, publicar currículos de candidaturas durante campañas.
- Voto en el extranjero: reconocerlo como un derecho continuo, no limitado al periodo electoral.
En términos políticos, el documento funciona como “piso técnico” para el debate legislativo: no dicta el rumbo, pero sí pone condiciones sobre lo que se debe corregir si se quiere evitar que una reforma nazca con las mismas grietas que luego terminan en litigios, improvisación operativa o desconfianza ciudadana. La disputa real será si el Congreso toma estas propuestas como guía de mejora institucional… o como lista de piezas a negociar en una reforma que, por definición, reordena poder.
