Registro telefónico obligatorio avanza: 2.1 millones de líneas asociadas

El nuevo sistema de registro telefónico busca reducir delitos como extorsión y fraude, vinculando cada línea móvil con la identidad de su usuario.

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Durante la conferencia matutina de este viernes, el gobierno federal informó los avances del nuevo registro telefónico obligatorio, una medida impulsada para frenar delitos como extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual. Según José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, más de 2.1 millones de líneas celulares ya han sido registradas bajo este esquema que asocia cada número con la identidad de su propietario.

El funcionario explicó que el proceso está a cargo de las compañías telefónicas, no del gobierno, y que los datos personales se resguardan conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Aclaró además que el sistema no recopila información biométrica: únicamente se verifican nombre, CURP y número telefónico.

Cómo funcionará el registro

El mecanismo podrá completarse de dos formas:

  • Presencialmente, acudiendo a un centro de atención de la empresa telefónica con una identificación oficial.
  • De forma remota, a través del teléfono móvil, mediante una validación de identidad con la cámara del dispositivo y la toma de una “prueba de vida”, para evitar suplantaciones.

Las líneas adquiridas antes del 9 de enero de 2026 tendrán hasta el 30 de junio para registrarse. Las nuevas no podrán activarse hasta completar el trámite. En dos semanas, las compañías ofrecerán una herramienta digital para consultar qué números están asociados a la CURP de cada persona.

Implicaciones y contexto

El registro busca cerrar un vacío legal que permitía comprar chips sin identificación, lo que dificultaba rastrear llamadas vinculadas a delitos. México era uno de los pocos países donde aún se podían adquirir líneas anónimas. Con esta medida, se pretende mejorar la trazabilidad de las comunicaciones y facilitar la investigación criminal, sin crear una base de datos estatal.

Aunque la política ha generado inquietudes sobre la privacidad, el gobierno sostiene que las empresas telefónicas seguirán siendo las únicas responsables del resguardo de la información. De confirmarse su eficacia, el sistema podría convertirse en uno de los cambios tecnológicos más relevantes en materia de ciberseguridad y protección ciudadana en los últimos años.

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