Claudia Sheinbaum nombró a Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), un cargo que se inserta en la agenda de cambios en la educación media superior y que, de acuerdo con el propio titular de la dependencia, se vincula con el llamado “Bachillerato Nacional” y con la actualización de la oferta educativa alineada a sectores estratégicos del “Plan México”.
El anuncio lo hizo Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación, quien difundió fotografías de su reunión con Garduño en la sede de la SEP y sostuvo que su incorporación será “fundamental” para la reforma en marcha. Delgado incluso lo calificó como “un funcionario ejemplar”, en un mensaje que buscó legitimar el movimiento desde el primer minuto y presentar el nombramiento como una decisión técnica y operativa, orientada a fortalecer los centros de capacitación para el trabajo.
Sin embargo, el nombramiento llega con un antecedente político inevitable: Garduño encabezó el Instituto Nacional de Migración (INM) desde junio de 2019 hasta mayo del año pasado, y su gestión quedó marcada por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023, tragedia que dejó 40 migrantes muertos, entre ellos 28 personas originarias de Guatemala. Garduño ofreció una disculpa pública por ese hecho, que se convirtió en uno de los episodios más sensibles de la política migratoria reciente.
En el recuento del caso, también se mencionaron irregularidades atribuidas al ámbito de seguridad privada relacionado con la estación, entre ellas:
- Registro y actividades reportadas que no correspondían con lo efectivamente realizado.
- Omisiones en actualizaciones, capacitación y controles del personal operativo.
- Señalamientos sobre prácticas que debían evitarse por implicaciones de trato y derechos humanos.
En el plano judicial, se indicó que Salvador González Guerrero, exfuncionario del INM en Chihuahua, fue el de mayor rango detenido inicialmente por homicidio y lesiones, y que posteriormente obtuvo prisión domiciliaria tras el pago de una fianza. Además, se recordó que Garduño fue procesado por ejercicio indebido del servicio público y que un tribunal confirmó la suspensión condicional del proceso.
Con este contexto, el movimiento a la SEP abre una discusión institucional clara: cómo se comunican y justifican los nombramientos cuando la figura designada arrastra un expediente público asociado a un caso de alto impacto social. En términos políticos, el reto no es menor: la educación media superior atraviesa una reconfiguración relevante, y el nuevo responsable de centros de formación para el trabajo llega con una carga reputacional que, para bien o para mal, influirá en la recepción pública del proyecto.
