El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda civil contra JPMorgan Chase —el mayor banco del país— y contra su director ejecutivo, Jamie Dimon, por el cierre de cuentas bancarias que, según el propio Trump, ocurrió en 2021 y respondió a razones políticas. La acción legal, presentada ante un tribunal estatal de Florida, reclama una indemnización de 5,000 millones de dólares.
De acuerdo con los señalamientos incluidos en la demanda, JPMorgan notificó en febrero de 2021 a Trump y a distintas entidades vinculadas a sus negocios que cerraría sus cuentas, otorgando un plazo de 60 días antes de que la cancelación se hiciera efectiva. La querella sostiene además que Trump, miembros de su familia y varias de sus empresas habrían sido incluidos en una “lista negra” para cualquier cuenta de gestión patrimonial, decisión que —según el documento— habría sido autorizada por Dimon. En la narrativa legal, esa inclusión habría tenido un efecto en cadena: habría llevado a que otros bancos se negaran a trabajar con los demandantes.
El caso se inserta en un debate más amplio sobre el llamado “debanking”, término usado para describir cuando una institución financiera restringe o cancela servicios a un cliente. Trump ha sostenido públicamente que bancos como JPMorgan y Bank of America rechazaron sus negocios tras el fin de su primer mandato, y durante su segundo periodo en la Casa Blanca ha retomado el tema como parte de su agenda política y regulatoria.
En paralelo, el conflicto escaló en un contexto de fricción entre la Casa Blanca y el sector financiero. Un día antes de conocerse la demanda, Jamie Dimon comentó en el Foro Económico Mundial de Davos que una propuesta atribuida a Trump para imponer un tope de 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito tendría consecuencias negativas, al reducir el acceso al crédito para muchos hogares.
JPMorgan rechazó los argumentos de la demanda y adelantó que la impugnará en tribunales. El banco sostuvo que no cierra cuentas por motivos políticos o religiosos y que sus decisiones responden a riesgos legales o regulatorios, añadiendo que ha pedido tanto a este gobierno como a administraciones anteriores cambios en reglas que —según su posición— obligan a tomar ese tipo de medidas.
Para el mercado, el caso es relevante por dos razones. Primero, porque vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre cumplimiento regulatorio y acceso a servicios bancarios. Segundo, porque reabre la discusión sobre el riesgo de que el sistema financiero sea usado como terreno de disputa política, en momentos en que la administración también impulsa ajustes regulatorios que impactan a bancos de gran tamaño.
